Recurso contencioso‐administrativo contra la subida de las tasas aeroportuarias

Esta misma semana, ACETA,patraonal de aerolíneas españolas, apuntaba que las tasas aeroportuarias suben una media del 18,76% entre 2011 y 2013, según las aerolíneas

ALA, constituida por la mayoría de las aerolíneas regulares nacionales e internacionales que operan en España y producen más del 70% del volumen de negocio, destaca que “la propuesta de incremento de las tasas aeroportuarias que presenta el Gobierno en su Proyecto de PGE 2013 supone de hecho el cierre de un proceso de consulta, que en nuestra opinión se ha desarrollado con un cúmulo de anomalías e irregularidades, si tenemos en cuenta lo que se establece en la Directiva Comunitaria 2009/12 CE y en la propia Ley de Seguridad 1/2011, que la traspone al Derecho Español”.

La patronal considera que no se han respetado conceptos clave como los de transparencia, equivalencia, negociación y arbitraje que plantea la normativa europea sobre el incremento de tasas, no se han cumplido los plazos a los que se refiere la Ley de Seguridad Aérea y tampoco se apega al criterio de incremento máximo permitido sobre el ejercicio anterior. “En nuestra opinión no ha habido voluntad para integrar los esfuerzos, quizás por urgencias que no se corresponden tanto a la coyuntura del transporte aéreo como a las estrategias de futuro que se plantean para el gestor aeroportuario”.

ALA recuerda que sus representantes han venido advirtiendo ante Aena, Aviación Civil y la Comisión Europea (CE), así como ante sectores sociales y políticos, de que el incremento desproporcionado de las tasas aeroportuarias tiene un efecto demoledor sobre la economía de las compañías aéreas y, en consecuencia, sobre su actividad en los aeropuertos españoles, con los efectos colaterales que ello tiene en la economía, en general, y en el turismo, en particular.

“Hemos planteado nuestras alternativas sobre la introducción de eficiencias en los procesos productivos, sobre la revisión de los plazos de amortización de las infraestructuras, sobre la mejora de ingresos por el cobro de operaciones actualmente excluidas. Hemos planteado opciones, oportunidades y costes de la alternativa, sin que hasta la fecha se hayan tomado en cuenta, a la espera de lo que se considere en el proceso de aprobación de los PGE por el Parlamento”.

De allí que hayan decidido introducir un recurso contencioso administrativo, con el que no solo pretenden que se cumpla lo previsto por la Directiva Comunitaria y por la Ley de Seguridad Aérea "sino encontrar el punto de equilibrio en el que se conciten los intereses de todos los partícipes en la cadena de valor del transporte aéreo, que sigue rompiéndose por su eslabón más débil, y que lo hace por tensiones que le son ajenas”, concluye ALA.