Separan la gestión de los servicios de transporte ferroviario de las redes

Según la nueva directiva, aprobada por una amplia mayoría del Parlamento Europeo (PE), los países de la UE garantizarán la gestión por separado de las cuentas relativas, por una parte, a la explotación de los servicios de transporte y, por otra, a la administración de la infraestructura ferroviaria.

Además, los Estados miembros se asegurarán de que no haya transferencias ilegales de fondos públicos entre ambas entidades, incluso si pertenecen a un mismo holding. El PE subraya que esta condición es indispensable para prevenir distorsiones en la competencia, así como para garantizar a todos los operadores un acceso igualitario y a los mismos precios a la infraestructura ferroviaria y a las instalaciones de servicios (como los talleres de mantenimiento o las estaciones).

En caso de litigio, los reguladores nacionales supervisarán el respeto de la normativa. La cooperación entre reguladores nacionales será supervisada por la Comisión Europea, que evaluará en un plazo de dos años la posibilidad de crear un regulador europeo.

"Nos ha llevado dos años de difíciles negociaciones (...) garantizar una mayor competencia y establecer las bases para la financiación de las infraestructuras", declaró la ponente, la socialista italiana Debora Serracchiani, en el debate celebrado ayer lunes. "La separación en la gestión de los servicios de transporte y las redes es necesaria, pero hemos logrado un buen compromiso en la supervisión de los flujos financieros", agregó.

Modernización de trenes y desarrollo de la red

Los cánones por la utilización de la infraestructura incluirán incentivos para reducir el ruido y equipar los trenes con el Sistema Europeo de Control para su máxima seguridad.

Con el fin de asegurar una planificación adecuada de la infraestructura ferroviaria, los contratos de financiación para el desarrollo de la red, establecidos por las autoridades públicas cubrirán un periodo de al menos cinco años.

Próximos pasos

El Consejo tiene que dar su visto bueno formal al texto aprobado por el PE. Los Estados miembros tendrán un plazo de dos años y medio para transponer esta directiva. La Comisión presentará antes de finales de año una propuesta que permitirá la liberalización del transporte de pasajeros en las redes ferroviarias internas de los Estados miembros.