Los sindicatos ferroviarios piden la intervención de la justicia ante la privatización de Renfe

A mediados de julio, luego de varios anuncios sobre la reestructuración del sector, el Ministerio de Fomento convocó a los sindicatos ferroviarios para presentarles el proyecto de privatización de Renfe y considerar los alcances e impacto de este proceso adelantado para julio de 2013.

La respuesta de los sindicatos fue la convocatoria de una huelga en Renfe para el pasado 3 de agosto, mientras el Gobierno seguía adelante aprobando en Consejo de Ministros el decreto de liberalizan el transporte ferroviario de viajeros que será abierto a la explotación privada en julio de 2013. A partir de ese momento, los sindicatos ferroviarios han venido denunciando el "desmantelamiento" del sector y endurecido su posición en contra del proceso.

Este viernes, en un comunicado conjunto, CCOO, CGT, UGT, SF, Semaf y Confederación Intersindical anuncian que han decidido "abordar jurídicamente aquellos aspectos más negativos" de las medidas adoptadas por el Gobierno para el sector ferroviario, "de modo que los gabinetes jurídicos van a trabajar conjuntamente a fin de establecer procedimientos".

Los sindicatos subrayan que el Real Decreto aprobado el pasado mes de julio por el Gobierno, que establece para julio del año que viene la apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren, la segregación de Renfe en cuatro empresas y la integración de Feve en Renfe y Adif, establece una sucesión de disposiciones "totalmente reaccionarias y contrarias a los intereses de los trabajadores públicos, en general, y de los ferroviarios, en particular".

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha sostenido que es la única vía para hacer sostenibles estas empresas, hacerlas rentables y no destruir más empleo. Este jueves, el Gobierno anunciaba, precisamente, que FEVE será integrada en Renfe y Adif el 31 de diciembre. En la actualidad, las tres empresas públicas ferroviarias totalizan pérdidas de 447 millones de euros y una deuda de 20.730 millones de euros.

Adicionalmente objetan otras medidas adoptadas por el Ejecutivo como la eliminación de la paga extra de navidad, la posibilidad de suspender o modificar los convenios colectivos y la reducción de los días de vacaciones y de convenio.