La Comisión Europea (CE) presentó ayer martes sus primeras ideas para la concesión de ayudas públicas para la apertura de nuevas líneas a los aeropuertos regionales que no sobrepasen los 5 millones de pasajeros anuales, así como las subvenciones para las compañías que operan en ellos.
La Comisión Europea (CE) presentó ayer martes sus primeras ideas para la concesión de ayudas públicas para la apertura de nuevas líneas a los aeropuertos regionales que no sobrepasen los 5 millones de pasajeros anuales, así como las subvenciones para las compañías que operan en ellos.Bruselas propone unas líneas directrices para regular todas las ayudas acordadas por los Estados miembros a través de recursos públicos a favor de aeropuertos, operadores aeroportuarios y compañías del sector, un año después de que reclamara 4 millones de euros a la irlandesa Ryanair por las subvenciones percibidas en el aeropuerto de Charleroi, al sur de Bruselas. En su búsqueda de la libre competencia, el Ejecutivo comunitario no quiere que ninguna ayuda estatal beneficie directa o directamente a una única compañía aérea. Y es que, según Bruselas, el sector de vuelos 'bajocoste' en la UE "sólo" pasó del 3,1 por ciento del total de viajes en 1999 al 11,8 por ciento en 2003, pese a que estas cifras varían fuertemente en función de cada Estado miembro. En 2002, las seis principales compañías aéreas de bajo coste transportaron más de 34 millones de pasajeros en el seno de la UE.
ANÁLISIS CASO A CASO. El documento presentado ayer distingue cuatro categorías de aeropuertos. En primer lugar, los de más de diez millones de pasajeros al año (grupo A), seguido de aquellos con un volumen de entre 5 y 10 millones de pasajeros (B, de carácter nacional). En tercer lugar, se encuentran los "grandes aeropuertos regionales" con entre uno y cinco millones (grupo C) y, por último, los pequeños aeropuertos regionales, con un volumen inferior a un millón de usuarios (grupo D). Bruselas no hará ninguna distinción entre los diferentes tipos de beneficiarios -caso de empresas, gobiernos u organismos locales--, ni entre la pertenencia de una determinada compañía al sector público o privado. Sin embargo, las ayudas para el lanzamiento de nuevas líneas en el grupo A quedarán al margen de esta regulación, mientras que se dará una "atención vigilante" a la categoría B de aeropuertos nacionales. El principal campo de aplicación será, por tanto, los aeropuertos regionales grandes y pequeños de las categorías C y D, es decir, aquellos que no superen los cinco millones de pasajeros anuales. De esta forma, los más afectados por esta iniciativa reguladora serán las compañías aéreas de vuelos baratos que, en su afán por reducir costes, operan desde aeródromos de reducido tamaño. Para clarificar el marco regulador, la Comisión distingue entre la financiación de aeropuertos y las ayudas para el lanzamiento de una línea aérea. Las eventuales ayudas deberán centrarse precisamente en "los costes adicionales" relacionados con el lanzamiento de nuevas líneas, como son la publicidad o el marketing de promoción.
SITUACIÓN EN ESPAÑA. En la actualidad, un total de 22 aeropuertos españoles tienen menos de un millón de pasajeros al año: Almería, Asturias, Badajoz, Córdoba, El Hierro, Gomera, Granada, Jerez, La Coruña, La Palma, León, Madrid-Cuatro Vientos, Melilla, Murcia, Pamplona, Reus, Salamanca, San Sebastián, Santander, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Además, hay tres aeropuertos -Santiago, Vitoria y Girona- con un tránsito de pasajeros superior al millón de personas. En último término, los aeropuertos españoles con más de dos millones de personas son Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Norte, Tenerife Sur y Valencia, aunque no se precisó cuáles de ellos superan los cinco millones. El Ejecutivo comunitario insistió en la necesidad de que se vigile la igualdad de trato entre los operadores aeroportuarios y entre las compañías, al tiempo que hizo hincapié en que la ayuda no podrá afectar a costes operativos regulares como el alquiler o amortización de aviones, carburante, salarios de tripulación y costes del catering. La CE indicó que este proyecto inicial "permite una mayor transparencia y evita toda discriminación en los acuerdos que unen los aeropuertos regionales y las compañías aéreas para las ayudas de lanzamiento" y tiene la intención de aclarar las inversiones en las infraestructuras aeroportuarias.
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