Empresarios de Marbella creen que la retirada al municipio de las competencias urbanísticas afectará al turismo

El Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella, que une a grandes empresarios, cree que la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento por parte de la Junta de Andalucía "se va a utilizar para menoscabar nuestro destino turístico". El presidente del CIT, Miguel Gómez Molina, aseguró ayer que serán sobre todo "los medios de comunicación sensacionalistas de Gran Bretaña" los que utilicen la coyuntura creada "para desprestigiar a Marbella como destino turístico y crear incertidumbre" en la Costa del Sol. Añadió que "lo peor que se puede hacer es crear tensión en el mercado" y advirtió de que "estamos en momentos difíciles". Para este empresario, la decisión adoptada por el Gobierno autonómico es "una sorpresa", porque el CIT ha asistido "a todas las mesas de participación" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), "buscando el acercamiento entre las administraciones" regional y municipal. A este respecto, Gómez Molina, explicó en declaraciones a EFE que "no buscábamos el divorcio que existe entre Junta y Ayuntamiento" y que "hubiera sido necesario que las administraciones hubieran buscado lo que les une y trabajado en lo que les desune". Con relación al proceso administrativo necesario para ejecutar la retirada de competencias al consistorio marbellí, declaró que "nos parece que es difícil por cuanto puede ser más largo de lo que han dicho". Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en Marbella, Javier de Luis, celebró, en declaraciones a EFE, la medida adoptada por la Junta, ya que "todo lo que vaya a perseguir, castigar o dificultar la especulación urbanística y el enriquecimiento ilícito que se está produciendo en la zona, siempre es positivo". De Luis se refirió al artículo 47 de la Constitución, que dice que "la comunidad debe participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos" y dijo que "esa participación no ha existido". Señaló que es "positivo" que la Administración autonómica "incremente las medidas para parar" la especulación urbanística y que "busque fórmulas para participar" de los beneficios de las plusvalías, ya que "la venta del suelo debe repercutir en la ciudadanía con la consolidación de equipamiento, infraestructuras, colegios, centros de salud y centros culturales".