La normativa europea posibilita los fraudes en el uso compartido, según el Observatorio de la Vivienda

Según el coordinador, las medidas legales para hacer frente a esos fraudes debe partir, por tanto, del ámbito de la Unión, pese a las críticas que sus autoridades han dirigido a veces a las españolas por el mayor número de casos que, en relación a otros países, se producen en nuestro territorio. Para Navas esta situación se da debido al hecho de que en España el negocio turístico tiene un volumen mayor. Navas hizo estas declaraciones en una jornada de debate sobre las residencias de uso compartido y otros sectores del negocio turístico que, bajo el título "Una aproximación a la vivienda turística. Otra forma de propiedad", organizó el viernes en Las Palmas de Gran Canaria el Observatorio de la Vivienda, creado en 2004 por el Consejo General del Notariado de España y el despacho de abogados Garrigues. La elección de la isla como sede de este debate, primero que el Observatorio celebra en territorio no peninsular después de haber hecho otros en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Zaragoza, responde a que Canarias es "una zona donde la problemática específica de la vivienda turística tiene especial interés", afirmó el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño. En el archipiélago se concentra la mitad de los 237 complejos de apartamentos de uso compartido que, en conjunto, existen en toda España. Ello significa que la también llamada multi-propiedad es "la segunda industria del sector turístico" en Canarias, subrayó José Ignacio Navas. El coordinador de Observatorio quiso mostrar su rechazo a quienes conservan la mala opinión que en los años ochenta se generó en España en torno a ese negocio debida, "sobre todo, a la gran agresividad" de los vendedores del sector, y también en buena medida a la aparición de diversos casos de estafas a compradores de apartamentos compartidos.