Fomento abre expediente contra Iberia por infracción "muy grave"

Así lo ha anunciado la titular de la Cartera, Magdalena Álvarez, durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso para dar explicaciones sobre la actuación del Gobierno frente a los hechos ocurridos, cuando más de 600 trabajadores de los servicios de asistencia en tierra de Iberia tomaron las pistas del aeropuerto de la Ciudad Condal. Asimismo destacó que la oferta para la licencia de asistencia en rampa de las empresas adjudicatarias fue superior en costes y calidad de servicio a la presentada por la aerolínea. Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, también citado ayer al Parlamento, consideró que las fuerzas seguridad que intervinieron en El Prat (miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d"escuadra) actuaron prudentemente y de acuerdo con las responsabilidades que les marca la ley. Destacó que no se podían hacer previsiones desde el sector oficial, ya que fue un conflicto provocado ilegalmente por un grupo de trabajadores que tomó por sorpresa a todos y perjudicó a muchos. Llamada de atención La ministra Álvarez, haciendo una llamada de atención a Iberia y sus trabajadores, advirtió de la firme voluntad oficial de no permitir que se repitan hechos similares. Informó de que el Estado se personará en las diligencias previas abiertas por el juzgado de instrucción número 1 de El Prat de Llobregat y adoptará las medidas administrativas correspondientes a que haya lugar. Explicó que Fomento impulsará la modificación del texto de la Ley 21 de 2003 de 7 de julio de seguridad aérea, para adecuar el régimen sancionador al reglamento de la Comunidad Europea 261/2004 de 11 de febrero en su artículo 16-3 en relación a la eficacia y proporcionalidad de las sanciones. Anunció, al recordar la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la elaboración de un Real Decreto que otorgue a la Administración General del Estado la subrogación en las acciones legales de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Previa presentación de los recaudos correspondientes, obtendrán una indemnización y, al momento de recibir el pago, "deberán ceder a la Administración del Estado las acciones que pudieran tener para efectuar sus reclamaciones", dijo Álvarez. El coste económico de esta medida legislativa se sufragará con el importe de las reclamaciones y el importe de las acciones pecuniarias que se impondrán en los correspondientes procedimientos administrativos sancionadores a las personas y entidades responsables de los daños. Hasta la fecha, el Ministerio de Fomento ha recibido 8.138 reclamaciones y 7.967 llamadas, de las que un número de ellas darán lugar a nuevas reclamaciones formales, adicionales a las presentadas ante otros organismos, Iberia y las aerolíneas que operan en El Prat. Mejores ofertas Por otra parte, Álvarez manifestó ante los diputados que en el conflicto de El Prat subyace el gran volumen de negocio de la asistencia en tierra, que supone entre 800 y 1.000 millones de euros al año. Contrariamente a lo divulgado por Iberia, esta aerolínea quedó en quinta posición en las adjudicaciones de Aena para aeropuerto barcelonés, "porque no hizo la mejor oferta", apuntando que no se trata sólo de la propuesta económica sino que contempla una oferta técnica que conlleva también "calidad en el servicio". Destacó que en el caso de Barcelona, se ha logrado reducir los precios de las tarifas al mismo tiempo que ofrecer más calidad. Si bien, en relación con la propuesta económica, Iberia redujo la oferta un 9,7% y los tres operadores ahora adjudicatarios lo hicieron en un 54,8%, 50% y 43% respectivamente. En el caso de Madrid, en cambio, Iberia, que quedó en tercera posición, redujo la oferta un 5%, frente al 45% y al 42% de las otras dos adjudicatarias. En este caso, Iberia logró entrar en tercera posición porque su oferta técnica fue mejor que la presentada en El Prat. Derecho a recurrir Por su parte, portavoces de Iberia dijeron a HOSTELTUR que estudiarán el expediente administrativo anunciado por fomento, del cual aún no han sido notificados oficialmente, y, "dependiendo de los resultados de esta valoración", se reservan el derecho de recurrirlo. El expediente por infracción "muy grave", según comentaron fuentes de Fomento a este diario, podía llegar a una sanción pecuniaria con multa de hasta unos cuatro millones de euros. No obstante, el resultado del recurso determinará la cantidad definitiva, que pudiera ser menor. Diana Ramón (transportes@hosteltur.com)