Los trabajadores de tierra de Iberia en Fuerteventura convocan nueve días de huelga

Estos paros estaban inicialmente previstos para el sábado y el lunes, jornadas en las que se podrían operar unos 150 vuelos. Ahora también se llevarán a cabo el 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del próximo mes, lo que, en opinión de los empleados creará un "caos" en las instalaciones aeroportuarias de la isla. Los huelguistas pretenden que se aclare su futuro después de que Iberia haya perdido la concesión del servicio en un concurso que creen ilegal. Los representantes de los trabajadores critican que ni Aena ni la compañía les han permitido acceder a la documentación relativa a esta licitación, al considerar que no están legitimados para ello, ya que no son parte de la misma. "El ocultismo del proceso de licitación y de la documentación del concurso público ratifica a los trabajadores en la idea de la dudosa legalidad del mismo y de su resultado", afirma el colectivo en un comunicado. La asamblea de trabajadores del personal de tierra de Iberia en Fuerteventura se dirigirá por escrito al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, y a los componentes de su Junta de Portavoces, Les pedirá "su intervención urgente para paralizar cautelarmente el proceso de concesión mientras arbitran las formas de revisión parlamentaria del proceso de concurso público y adjudicación". Además, una delegación de esta asamblea visitará la próxima semana la Cámara Baja "para intentar buscar una solución antes de verse obligada a recurrir a la huelga". El colectivo considera que si en la adjudicación del servicio de asistencia en tierra en el aeropuerto de Fuerteventura se hubiesen aplicado de forma objetiva los baremos que figuraban en las bases del concurso público, habría sido imposible que Iberia perdiera su condición de primer operador de servicio en tierra, tanto en esta isla como en Barcelona, Lanzarote, Jerez, Almería, La Gomera y El Hierro, tal y como ha ocurrido. Los trabajadores también muestran su preocupación porque, según ellos, si el resultado del concurso quedara como está, perderían directamente su puesto 50 de 150 personas, mientras que la mitad del centenar restante vería reducida su jornada laboral y, en consecuencia, sus ingresos y derechos.