El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó ayer las bases del concurso que regirán la explotación de la Ciudad Residencial de Perlora, en Carreño, en la que el adjudicatario deberá explotar un hotel de un mínimo de 4 estrellas, respetar los chalés existentes y acometer equipamientos de ocio y turísticos adicionales. También tendrán que respetarse las reservas de las que disponen actualmente los sindicatos.
Según informó la portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya, la adjudicación por concurso se realizará en el plazo de tres meses, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Principado. La concesión será durante un periodo de 50 años en el que la empresa adjudicataria deberá abonar un canon anual mínimo de 270.370 euros y ceder entre el 10 y el 20% del accionariado al Gobierno del Principado. De esta forma, según la titular de Turismo, el Ejecutivo asturiano se asegura su presencia en la sociedad que vaya a explotar este complejo turístico que debe tener un mínimo de 736 plazas alojativas, equivalentes a las de la actualidad.
Entre las ofertas que se presenten se valorarán los incrementos en el canon anual fijado y el porcentaje accionarial que revertirá al Principado, el plan de inversiones, el estudio de mercado, el proyecto de gestión y la generación de empleo. Los 102 trabajadores del Principado en la Ciudad de Perlora ya han sido reubicados en otros puestos de trabajo y, según subrayó Migoya, se les han respetado los derechos laborales adquiridos.
Este proyecto "va a suponer un importante avance en materia turística y una inversión cuantiosa que va a permitir la creación de empleo y la dinamización económica de la zona", subrayó la consejera. "Va a permitir que Asturias tenga una oferta casi exclusiva en el norte de España por las características que presenta esta instalación", añadió.
Las Ciudad Residencial de Perlora es un complejo que se ideó como una oferta vacacional en el ámbito territorial del Principado, abierta al resto de las comunidades autónomas del país y dirigida a los trabajadores y sus familias. Su objetivo social era facilitar estancias vacacionales en condiciones más favorables que las ofrecidas por la oferta hostelera privada a sectores de población cuyo acceso a dicha oferta, por su nivel de rentas, resultaba en exceso gravosa para sus economías domésticas.
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