La Audiencia Nacional archiva el caso por fraude contra directivos de Air Madrid

La denuncia había sido presentada el 18 de diciembre pasado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Air Madrid, en la que también se hizo parte como acusador particular la Asociación General de Consumidores (Asgeco) y 200 particulares, quienes acusan a la empresa de responsabilidades penales por la venta de billetes a sabiendas, según los acusadores, de que los vuelos no se iban a realizar, causando un grave perjuicio a los consumidores. Con la conciencia tranquila El pasado 3 de abril, fue admitida a trámite la denuncia. Posteriormente pasó al juez Grande Marlaska, quien citó como imputados a los acusados Carrillo; su adjunto en la Presidencia de la aerolínea, Julio Miguel Martínez Sola; la directora de Ventas, Silvia Avelar Bravo, y el director del departamento de Gestión, Juan Barjau Romero. "Tengo la conciencia tranquila porque en todo momento he actuado con limpieza", dijo en esa oportunidad el presidente de Air Madrid. Carrillo fue el primero en declarar y reconoció que la compañía vendió sus billetes hasta el día 15 de diciembre por la tarde, cuando anunciaron la decisión de suspender actividades, aduciendo que la campaña emprendida en su contra por el Ministerio de Fomento había hecho a la empresa inviable financieramente por la cancelación del crédito de sus proveedores. Destacó que desde septiembre de 2006 Aviación Civil le había abierto un expediente sancionador con diversos requisitos y advirtiendo sobre las deficiencias a corregir bajo "la amenaza" de suspenderle la licencia de mantenimiento y vuelos. Carrillo adujo que como la compañía estaba cumpliendo todos los requisitos solicitados por las autoridades, siguió con su actividad comercial normal. La decisión del juez de la Audiencia Nacional al parecer les ha dado la razón: los directivos de Air Madrid no cometieron delito de estafa, ya que cuando se inició el expediente sancionador, la compañía intentó superar las deficiencias señaladas mediante un plan orientado a corregir los problemas y que, según la DGAC, en noviembre "la compañía había mejorado su situación en comparación con el mes de septiembre". También el juez ha llamado la tención sobre el hecho de que en las resoluciones dictadas contra la compañía nunca se le solicitó adoptar medidas cautelares especiales respecto a la venta de billetes ni sus clientes. Los consumidores recurrirán Tras conocerse el fallo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anunció que recurrirá la "sorpresiva" decisión en su criterio, para quienes el delito de estafa estaba suficientemente probado en el caso, según fuentes cercanas a esta asociación. Asimismo las mismas fuentes apuntaron que el auto del juez Fernando Grande Marlaska deja abierta la puerta para exigir la "responsabilidad patrimonial del Estado", pues, en su opinión, las investigaciones demuestran que "la Administración fue permisiva" con la aerolínea. Por su parte, el representante legal de la compañía, el abogado Pedro Pérez-Ocaña, destacó que la decisión demuestra que la acusación era "notoriamente injusta, además de que deja clara cuál ha sido la conducta de los administradores", quienes fueron acusados por haber vendido billetes sabiendo, supuestamente, según la acusación, que les sería retirada la licencia para operar. De acuerdo con el defensor de los directivos de Air Madrid, las agencias de viajes recaudaron el 90% del pago de los billetes vendidos entre noviembre y diciembre de 2006 y luego este dinero pasó a manos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), organización que lo mantuvo retenido hasta que fue enviado al concurso de acreedores solicitado por la aerolínea. "El dinero no lo tenían los administradores de Air Madrid y, por tanto, no pudo haber estafa en ningún momento", ha subrayado la defensa. Diana Ramón (transportes@hosteltur.com)