La Generalitat estima en un 10% los apartamentos que ofrecen garantías en la Comunidad Valenciana

La nueva Conseller Angelica Such pone el dedo en la llaga en uno de los principales males crónicos del turismo español. Muchas de las críticas que se hacen al Turismo desde diversos sectores son manifiestamente injustas pues mezclan sistemáticamente especulación inmobiliaria con turismo. La depredación del litoral ha sido y sigue siendo responsabilidad de una mala planificación territorial y una peor gestión municipal , empujada por una construcción de apartamentos no turísticos absolutamente irracional. Ello no sólo tiene efectos medioambientales negativos, sino que perjudica a la industria turística seria, especialmente a la alojativa al permitirse una competencia desleal. Hay que dejar absolutamente claro que los destinos turísticos son sostenibles sólo si hay una planta hotelera sólida y que desarrolle una gestión responsable. Los destinos que basan su oferta alojativa en apartamentos alegales e ilegales son marcadamente estacionales e insostenibles a medio plazo. También su oferta complementaria (restauración, ocio y comercio) resulta marcadamente estacional y acaba siendo de baja calidad. Los municipio costeros son ciudades sin ley, donde cualquiera vulnera impunemente tanto la legislación turística como la de Arrendamientos Urbanos. Los miles de apartamentos de alquiler no regulados por Turismo (con sus carteles en los balcones) son una lacra para el Sector, pues suponen, como se ha dicho, una competencia desleal para los hoteles y apartamentos turísticos que deben cumplir no sólo con la legalidad en materia turística, sino en la laboral, etc. Los apartamentos alegales e ilegales no generan apenas puestos de trabajo directos, no generan ingresos al Estado (via IVA, p.ej.), no registran a sus huéspedes facilitando los datos a la policía, lo que incrementa la inseguridad de los destinos, no contribuyen en modo alguno a la promoción del destino (a diferencia de los hoteles y apartamentos turísticos) y, en muchos casos, mantienen una morosidad con las Administraciones Municipales muy notable. Es muy elogiable que la Conseller haya sacado este tema candente a colación, pero me temo que ninguna administración turística del Estado puede ella sola enfrentarse a esta lacra. Urge regular la situación con la intervención de diferentes administraciones, empezando por la Agencia Tributaria como ya están haciendo con los arrendamientos urbanos ordinarios. Mientras tanto hay que aplicar la Ley con el máximo rigor y con sanciones lo más elevadas posibles, pues el negocio las pagará sin problemas. Hay que tener en cuenta, por último, que los low cost e internet, han acelerado esta competencia desleal con la que se confrontan los hoteleros y las empresas explotadoras de apartamentos turísticos. O se hace algo pronto o la mayoría de los hoteles tenderán a reconvertirse en apartamentos alegales, el M2 resulta mucho más rentable. Y sin hoteles nuestros destinos de costa evolucionarán al desastre, perjudicando a la población local, depreciando la inversión en los propios apartamentos y beneficiando sólo a unos pocos, lo especuladores de siempre.