La reciente inversión realizada por empresas españolas en Panamá supera los 500 millones de dólares y está centrada principalmente en la construcción y el turismo, con especial presencia en el rediseño del Canal.
El consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en Panamá, José Manuel Fernández, ha explicado que las empresas españolas "consolidan" su presencia en Panamá, país que ha registrado un crecimiento promedio del 8% durante los tres últimos años, paralelo a la decisión del Gobierno de ampliar el canal interoceánico que atraviesa el país.
En ese proyecto han mostrado interés importantes empresas de ingeniería y construcción españolas, agrupadas en dos diferentes consorcios, de los cuatro que participan en la licitación de las obras. El diseño y construcción de las esclusas del Canal de Panamá es el más costoso de los trabajos de ampliación de la vía, presupuestado en 5.250 millones de dólares, cerca de 3.000 solo para esta fase.
ACS Servicios, Comunicaciones y Energía y Fomento, Construcciones y Contratas, por un lado, y Sacyr Vallehermoso S.A., por otro, son algunas de las empresas españolas que participan en el proceso de selección actualmente en marcha. Antes de que concluya el año, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que administra la vía, entregará a los cuatro grupos precalificados en la licitación un borrador de contrato o "pliego de cargos" que estipula los requisitos del trabajo, licitado bajo la modalidad de mejor obra. Entre otras condiciones, los pliegos señalan que ninguna de las empresas interesadas en el trabajo pueden hacer pública su potencial relación con la construcción del Canal sin supervisión de la ACP.
Las empresas interesadas deben, además, estar registradas en Panamá o, al menos, tener una representación legal en el país, para el cumplimiento de las normas fiscales y laborales. Según Fernández de Mata, "el interés que han mostrado las empresas españolas en Panamá es creciente y acompaña la apuesta que hace España por participar en esta importante obra".
Desestimó, por otra parte, la posibilidad de que se vean afectadas por la llamada Ley de Retorsión, para la que Panamá aún no tiene reglamento, que prevé la exclusión en las licitaciones del Estado de empresas de los países que consideran a Panamá país no cooperante en materia fiscal, como España.
España y Panamá han trabajado durante todo el año en la solución de esta situación, que trataron los presidentes de los dos países durante la corta visita a esta capital del jefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado mes de julio, explicó. En esa ocasión, según recordó Fernández, se firmó un memorando que recoge la voluntad de los dos países de crear un acuerdo de intercambio de información fiscal que satisfaga los intereses españoles sin atentar contra la naturaleza del sistema impositivo panameño.
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