Los sindicatos no podían permanecer parados ante la directiva europea que propone una jornada semanal de 65 horas, para aquellos trabajadores que lleguen a un acuerdo en este sentido con el empresario. Por ello, el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha aprobado unánimemente convocar movilizaciones a nivel europeo como protesta a dicha medida.
El secretario del sector de Hostelería de UGT, Emilio Ferrero, adelantaba a HOSTELTUR que los representantes sindicales españoles iban a proponer una movilización: "Se están haciendo contactos para preparar una contestación ciudadana si al fin se aprobara esta directiva (?) Sin duda es necesario dar contestación a propuestas como esta."
Las manifestaciones en Europa tendrán lugar el Día Mundial por el Trabajo Decente, que se celebra el próximo 7 de octubre. La CES también convocará una euromanifestación cuando el Parlamento Europeo inicie las sesiones para debatir esta iniciativa tan polémica. En la [link="#post/2008-06-10-jornada-laboral-de-65-horas-semanales-se-han-vuelto-locos"]Comunidad HOSTELTUR[/link] también se ha generado un debate por este tema, ya que, de llegar a aplicarse, afectaría al sector turístico y, en especial, al hostelero, sujeto de por sí a horarios fuera de los habituales, en comparación con otros sectores.
Según CCOO, el punto que más ha levantado oposición a la directiva entre los representantes sindicales europeos es que facilite, aún más que la normativa vigente ?que fija el máximo en 48 horas semanales junto con las extras-, la posibilidad de establecer acuerdos a título individual entre trabajador y empresario.
Los diez días negros para Europa
En opinión de Javier Doz, responsable del área internacional de Comisiones Obreras, esta directiva es "el mayor ataque al derecho laboral y al sindicalismo de la historia de la UE y de la Comisión Europea". Añade que, al ser aprobada por ésta, marcó el principio de los "diez días negros para Europa", durante los cuales también se ha aprobado la normativa contra la inmigración ilegal, que permite a los Gobiernos de la Unión detener hasta 18 meses a los posibles "ilegales", y tras el resultado negativo del referéndum irlandés sobre el Tratado de Lisboa.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que ya se ha manifestado en contra de la iniciativa europea, la tildó ayer en el Senado de "disparate", además de contemplar la posibilidad de que afecte "muy duramente" a las empresas al generar dumping social y, de manera más importante, a los trabajadores. Corbacho invitó a los senadores "a que ejerzan una oposición activa para que el Parlamento (Europeo) modifique una posición más propia del siglo XIX que del XX".
Carolina Sánchez Velasco (economia@hosteltur.com)
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