El Gobierno argentino pedirá a la Justicia que intervenga Aerolíneas Argentinas, según anunció ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tras mantener una reunión con cinco de los siete sindicatos del sector, quienes accedieron a acordar una tregua de 60 días sin realizar protestas en la compañía. En el sector se rumoreaba que la empresa podría declararse en suspensión de pagos.
En el encuentro realizado en la sede de la cartera laboral participó también el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien resultó ser una pieza clave en el inicio de la solución del conflicto, según fuentes locales. En la reunión, los sindicalistas reclamaron al Gobierno por los salarios atrasados de junio aún sin cobrar y plantearon la falta de insumos para volar.
Gobierno y sindicatos convinieron en dos meses de "paz social" garantizando los segundos que no convocarán a paros, huelgas o protestas durante ese tiempo como han venido haciendo durante los últimos días, así como en diversas ocasiones el año pasado y en lo que va de este, cuando se han venido produciendo demoras y cancelaciones, la más reciente de más de tres horas en los aeropuertos más importantes del país.
Marsans, a la espera
Marsans está a la espera de conocer si finalmente Aerolíneas Argentinas será intervenida por el Estado argentino, al que fuentes cercanas al grupo español acusan de "incumplir lo pactado" y de "exigir sin poner dinero en la compañía aérea. A la hora de argentinizar habrá que pagar", recalcaron dichas fuentes, quienes consideraron que el Gobierno presidido por Cristina Kirchner está tratando de "hacerse con todo" y que, pese a contar con el 20% de la aerolínea, "no colabora".
En cuanto a los sueldos de los trabajadores, que todavía no han recibido el salario del pasado mes de junio, dichas fuentes consideraron que el retraso se debe al "desarrollo de las circunstancias", recordando que todos los accionistas de una empresa tienen responsabilidad frente a sus obligaciones, según su participación.
Portavoces de Marsans señalaron a HOSTELTUR que en Aerolíneas se está llegando a una situación límite porque "no se le ha pagado a la gente y habrá que ver ahora si el Gobierno argentino cumple con los acuerdos", cuando el Gobierno de Cristina Kirchner aumentó la participación del Estado argentino de desde un 5% hasta un 20%.
Sin embargo, similares acusaciones hace el Gobierno presidido por Kirchner en contra del grupo turístico presidido por Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, quienes no lograron alcanzar un acuerdo de paz con el personal de la aerolínea.
Según la prensa argentina, la intervención debería conocerse hoy, tras la reunión en el Ministerio de Trabajo.
Según trascendió, el pasivo de la empresa sobrepasa los 400 millones de dólares (unos 255 millones de euros). En los últimos meses, al parecer, los salarios de los trabajadores han sido pagados con préstamos del Banco Nacional de Argentina, cuyas demoras en junio habrían ocasionado los más recientes incidentes que han derivado en la situación actual.
Según el presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Jorge Pérez Tamayo, si la aerolínea no paga los alquileres de los aviones antes del viernes "se quedará en tierra el 60% de la flota de Aerolíneas". Asimismo, Tamayo recalcó el malestar existente entre los empleados de la compañía, "que están de acuerdo con la intervención estatal, entre otras cosas, porque se les adeuda el sueldo del mes pasado".
Potencial suspensión de pagos
Los trabajadores realizaron ayer asambleas para analizar el retraso en el pago de sus salarios, lo que provocó demoras en las salidas de ciertos vuelos de la compañía, cuyas deuda acumulada, según fuentes del sector aeronáutico citadas por la prensa del país, superan los 200 millones de dólares.
A la situación hay que añadirle el rumor de que la aerolínea, por decisión propia o a petición de sus acreedores, sea declarada en suspensión de pagos.
Ninguna de las partes implicadas, es decir, ni Aerolíneas Argentinas ni Marsans ni Juan Carlos López de Mena ?quien el pasado mes de mayo anunció su interés por ingresar como socio en la aerolínea de bandera-, se han pronunciado al respecto.
Mientras la operación de compra-venta sigue en el aire y sin que en el caso de producirse se tenga a día de hoy una idea cerrada de cómo sería la futura composición accionarial, el secretario de Transportes de Argentina, Ricardo Jaime, podría haber recomendado al Ejecutivo de Cristina Fernández su intervención en la aerolínea al objeto de "conservar los puestos de trabajo".
De hecho, el Estado argentino, que según fuentes oficiales es el mayor acreedor de la compañía, ha hecho uso de la opción de ampliar su participación del 5% actual al 20%, aunque falta negociar el monto de tal operación.
Según el diario digital Urgente24, "Ricardo Fernández ha sometido a Aerolíneas Argentinas a un estrangulamiento financiero para que la compañía o bien pase a manos de un empresario amigo ?entre los que suenan los grupos Cirigliano y Plaza-, o bien se la quede el Estado, que compartiría su gestión con los sindicatos allegados al gobierno kirchnerista".
Desde el grupo Marsans aseguran que "el aumento de los pasajes y el subsidio al JP 1 llegaron tarde. Si el Estado se hace cargo de la compañía, más allá de los reclamos judiciales correspondientes deberá hacer frente a un proceso concursal que no está cerrado, leasing que vencen, deudas financieras a corto plazo y una estructura compleja de administrar con eficiencia".
Diana Ramón Vilarasau (transportes@hosteltur.com)
Guadalupe Revuelta (latinoamérica@hosteltur.com)
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