Denuncias, polémica y peticiones de quiebra planean sobre el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas

La polémica por la "estatización" de la aerolínea de bandera une a la oposición política y divide aguas en los sindicatos y en el gobernante Partido Justicialista (peronista) mientras surgen datos que avivan las discusiones. Una abogada presentó ayer una denuncia penal contra Marsans por fraude y vaciamiento, diez días después de que el grupo español formalizara un acuerdo para traspasar al Estado argentino el control de Aerolíneas y su subsidiaria Austral, asunto que está a estudio de una comisión parlamentaria controlada por el oficialismo. El Gobierno ha dejado trascender que tiene la denuncia bajo la lupa mientras resulta notorio que discrepa con la firma española sobre el valor del paquete accionarial a transferir al Estado. Según actas judiciales a las que tuvo acceso Efe, la situación de la aerolínea de bandera resulta incluso una incógnita para el juez comercial de Buenos Aires Jorge Sicoli, que denegó pero no descartó la intervención de la compañía que el Gobierno y cinco sindicatos le pidieron hace 15 días, cuando no había acuerdo con Marsans. La Unión Cívica Radical, segunda fuerza parlamentaria del país, estudia pedir la quiebra de Aerolíneas Argentinas y Austral con el fin de evitar que el Estado deba hacerse cargo de millonarias deudas. La misma propuesta ha hecho el peronista Roberto Lavagna, quien fuera ministro de Economía del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Cristina Fernández. El traspaso de Aerolíneas y Austral al Estado debe ser aprobado por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, formada la semana pasada con doce legisladores, de los cuales sólo tres son opositores. Ninguna empresa de aviación privada está interesada en asociarse al Estado una vez saneada la situación de la aerolínea de bandera, dijeron a Efe fuentes del sector aeronáutico que recordaron que en los últimos cinco años desaparecieron quince compañías del mercado local. Los sindicatos de Aerolíneas Argentinas aplauden la "estatización", a excepción del gremio de técnicos aeronáuticos liderado por Ricardo Cirielli, quien sostiene que Marsans "debería hacerse cargo" de las deudas y la empresa debería permanecer en el sector privado con una participación estatal. El secretario de Transportes, Ricardo Jaime, sostuvo ayer que por ahora "lo que está comprobado es que "la deuda exigible" que tiene Aerolíneas Argentinas "es de 240 millones de dólares" sobre pasivos totales por unos 890 millones de dólares. Tales cifras discrepan con las refrendadas por el juez Sicoli, para quien "la deuda exigible" suma 1.823 millones de pesos (unos 600 millones de dólares), según una resolución del 18 de julio pasado, cuando denegó la intervención judicial de la compañía. En esa resolución, Sicoli expresó malestar por el ocultamiento de datos de Aerolíneas Argentinas, en la que el Estado tiene un 5% del capital, e intimó a que le presenten documentación sobre el patrimonio y situación de la compañía en un plazo que vence a mediados de agosto próximo. El juez, que instruye un concurso de acreedores de Aerolíneas que se inició en 2001, lamentó haberse enterado "por los medios periodísticos", a mediados de julio, de la grave situación de la empresa. La "omisión" de información "se revela más gravosa desde que con fecha 26 de abril se instó un pedido de autorización para la constitución de dos fideicomisos al que se afectarían ingresos de la compañía, circunstancia que imponía una obligación de mayor celo en la información que se suministraba", puntualizó. En Argentina pasa inadvertida la demanda penal contra Marsans que instruye el juzgado 35 de Madrid por presunto fraude y falsedad documental en la operación por la que la española Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) traspasó al grupo turístico el control de Aerolíneas, en octubre de 2001. HOSTELTUR (latinoamerica@hosteltur.com)