Un consorcio de empresarios italianos está dispuesto a intervenir para salvar a Alitalia de la quiebra mediante el desembolso de 1.000 millones de euros. El grupo mantuvo el lunes su primera reunión en Milán, en la sede del banco Intesa Sanpaolo, al que el Gobierno encargó la tarea de sacar adelante las gestiones para reflotar la compañía.
La prensa italiana asegura que el consorcio está integrado por el presidente de Air One, Carlo Toto, cuya aerolínea se fusionará con la nueva Alitalia, y el presidente de Piaggio, Roberto Colaninno, del quien se dice que será el futuro presidente de Alitalia. También participan el armador Gianluigi Aponte, el grupo Riva, Fondiaria-Sai, Findim, los fondos Equinox y Clessidra, Fingen y Atlantia (antigua Autostrade), en representación de la familia Benetton.
Según los medios locales, Roberto Colaninno estaría dispuesto a invertir unos 200 millones, mientras que Atlantia desembolsará 100 millones y Carlo Toto reinvertirá otros 100 de los 300 millones que recibirá por la venta de Air One. Los demás socios pondrán entre 30 y 50 millones cada uno.
Aparte de la financiación, el primer paso hacia la creación de la nueva compañía lo hará el Gobierno, que mañana debería aprobar la administración controlada de la aerolínea, justo el día antes de su Consejo de Administración. Precisamente ayer, el Ejecutivo que dirige Silvio Berlusconi mantuvo una reunión para debatir el tema, aunque a la salida, ninguno de los ministros que participaron quiso hacer declaraciones. Una vez aprobada la administración controlada de la aerolínea, el comisario iniciará los mecanismos para transferir la empresa a los nuevos socios.
Otro de los puntos de negociación más delicados será el de los despidos, que podrían ir de los 5.000 a los 7.000, más de los que preveía la propuesta de Air France-Klm, que tanto Silvio Berlusconi como los sindicatos habían rechazado de lleno durante la campaña electoral.
Bruselas, sin información
Por su parte, el portavoz de Transportes de la Comisión Europea, Fabio Pirotta, ha explicado que el Ejecutivo comunitario no ha recibido una notificación ni formal ni informal por parte del Ejecutivo italiano sobre el contenido del plan de reestructuración que estudia impulsar para evitar la quiebra de la aerolínea.
"Son los Estados miembros los que tienen que notificar a la Comisión si (creen) que el plan básicamente requiere recibir luz verde de la misma", con el objetivo de que ésta determine que el plan cuenta con "garantías legales" acerca de su compatibilidad con la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado, ha afirmado Pirotta. "Esto no ha ocurrido", recalcó.
Bruselas estudia si el Gobierno italiano concedió de forma ilegal ayudas de Estado a Alitalia para impedir su bancarrota a través de un crédito puente de 300 millones de euros. La Comisión trabaja con un calendario "máximo" de 18 meses para determinar la legalidad de estas ayudas "pero puede ser antes", señaló el portavoz.
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