La Justicia argentina interviene Aerolíneas Argentinas a petición del Gobierno

La medida fue tomada, según argumentó el secretario argentino de Transportes, Ricardo Jaime, "para garantizar el normal funcionamiento", después de que Marsans, el pasado martes, quiso nombrar en Aerolíneas a uno de sus directivos como gerente adjunto, Jorge Molina, con las mismas facultades que el gerente general impuesto por el Gobierno, Julio Alak. Jaime señaló que, tras la intervención, Alak se mantiene como gerente general y se ha designado al funcionario de la Secretaría de Transportes, José Luis Perrone, como veedor para observar por el correcto funcionamiento de la empresa. "Confiscación" Fuentes cercanas al grupo Marsans comentaron a HOSTELTUR que se trata de una estrategia de un comprador con poder "que quiere confiscar una empresa en vez de pagar por ella". Marsans continuará adelante con su demanada de arbitraje. El director financiero de la compañía y directivo de Marsans, Vicente Muñoz, expresó al diario local La Nación que el Estado argentino toma decisiones como si la compañía ya le perteneciera. "La presidenta Cristina Kirchner tomó un avión de la compañía para ir a la reunión del G-20 y luego para seguir con su gira por África, sin considerar a los pasajeros que tenían que volar a Australia. No entendemos qué quieren. Esto es un expolio, una confiscación. Quieren llevarse la compañía sin pagarnos nada y vamos a defender nuestros intereses." La carta de Marsans La decisión judicial se conoce después de que el grupo español envió una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, el pasado jueves, en la que le advierte de que "si al cabo de una semana desde la fecha de esta misiva la controversia sigue sin solución", recurrirá al Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Los accionistas de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, están dispuestos a reclamar una compensación por valor de 1.000 millones de dólares (795 millones de euros) ante el CIADI, el tribunal de resolución de conflictos que dependiente del Banco Mundial (BM), en caso de concretarse la expropiación, según fuentes del sector. El grupo español resolvió acudir a esta instancia después de que una comisión parlamentaria recomendara al Legislativo debatir una ley para expropiarles Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria en el mercado doméstico, Austral. El Gobierno argentino y el grupo español habían firmado en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones fracasaron por las grandes diferencias en las tasaciones que cada parte hizo de la compañía. Uno de los representantes de Marsans en el directorio de Aerolíneas, Jorge Molina, confirmó que "el grupo acudirá al CIADI si en el plazo de una semana el Gobierno de Cristina Fernández no se aviene a solucionar la controversia de manera amistosa, confiable y conforme al tratado de protección de las inversiones españolas en Argentina". Molina indicó que Marsans resolvió acudir a esta instancia después "de varios meses de infructuosas tratativas para solucionar esta controversia y la situación creada por las altas instituciones de la República sudamericana". La misiva enviada a Cristina Fernández recuerda que "los inversores, sea de forma directa o indirecta a través de sus sociedades, han mantenido varias negociaciones y conversaciones con la República Argentina a fin de llegar a una solución amigable de las diferencias". Y agrega que, sin embargo, "de acuerdo a las últimas medidas de organismos del Estado, incluyendo la nacionalización en curso de las empresas sin la compensación adecuada, resulta evidente que la República (Argentina) ha frustrado las conversaciones y negociaciones", indica la carta. Molina sostuvo que el jueves Marsans también comunicó formalmente al Ministerio de Planificación argentino, su contraparte en las negociaciones por la compraventa de Aerolíneas Argentinas y Austral, de los pasos legales que dará. El lunes, al Parlamento Este lunes se llevará al Congreso el proyecto de ley impulsado por el oficialismo y apoyado por gran parte de la oposición para expropiar a Marsans las dos compañías aéreas, Aerolíneas Argentinas Austral, han confirmado fuentes parlamentarias argentinas que atribuyen esta iniciativa al hecho de "haber fracasado las negociaciones entre el Estado argentino y Marsans". Según la misma fuente, se trata de un proyecto de ley de siete artículos que considera que Aerolíneas Argentinas y Austral, que concentran el 80% del mercado aéreo doméstico, deben ser declaradas de interés público y que, sin embargo, su continuidad corre peligro. El proyecto dice que continúa con "el plan de salvamento" de Aerolíneas Argentinas y Austral, que se puso en marcha con la sanción de la ley 24.612 por la cual el Congreso habilitó la compra de las dos empresas, pero se reservó la autorización del precio de la transacción. En tal sentido, el proyecto considera válida la valoración de la situación patrimonial de las empresas realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que estableció un precio negativo de las dos empresas de unos 800 millones de dólares (unos 641 millones de euros) y propone la expropiación de ambas compañías por el valor simbólico de un peso. Previendo que la decisión del Congreso será rechazada por Marsans, en el proyecto de ley se ha agregado un apartado que establece que la Procuración General del Tesoro se encargará de defender al Estado argentino de posibles demandas. Diana Ramón Vilarasau (transportes@hosteltur.com)