El boletín económico de noviembre del Banco de España verifica que la actividad económica "sigue contrayéndose" en el cuarto trimestre del año y, de confirmarse las previsiones, la economía española podría entrar en recesión antes de finalizar el año. La entidad prevé que el PIB se volverá a reducir en la recta final del año, tras haber registrado una tasa intertrimestral del -0,2% entre julio y septiembre.
Algunos indicadores cuantitativos confirman, según la institución, la pérdida de vigor del consumo privado, que se pone de manifiesto en aspectos como la caída del 48,8% en las matriculaciones de automóviles de particulares en noviembre, o el descenso del 6,9% del comercio al por menor en octubre. En cuanto al turismo, señala que los datos correspondientes a octubre reflejaban ya la "atonía de este componente", con la disminución del 5,4% en el número de turistas y el 2,8% en las pernoctaciones hoteleras.
En relación a los precios, el Banco de España destaca el descenso del IPC en el mes de octubre, gracias a la ralentización de los precios energéticos y a la reversión del efecto base derivado del "acusado aumento" de los precios de los alimentos elaborados observado hace un año.
Las cláusulas de revisión salarial elevan la inflación
La entidad advierte también en su boletín de noviembre de que las cláusulas de revisión salarial provocan una persistencia de la inflación y pueden contribuir a mantener una tasa de IPC más elevada, sin que ello redunde en un crecimiento de los salarios reales.
Según el Banco de España, la tasa de inflación es más elevada cuanto mayor es el grado de indiciación (su ajuste prefijado) salarial y el grado de persistencia de la misma es más alto cuanto más se ajustan los salarios, de forma que las desviaciones del IPC "tenderán a ser más duraderas" en aquellos países donde existe un mayor nivel de indiciación salarial, como ocurre en España. Añade que una de las características "más peculiares" del mercado laboral español, no compartida con la mayoría del resto de países europeos, es la presencia de cláusulas de salvaguarda en la mayor parte de los convenios colectivos que se firman.
En España, cerca del 75% de los trabajadores con convenio está protegido por estas cláusulas frente a las desviaciones del IPC, porcentaje que contrasta con el de la mayor parte de los países europeos, que presentan cifras inferiores al 25%.
Sólo Bélgica, Finlandia y Luxemburgo cuentan con un grado de cobertura igual o superior al caso español. No es la primera vez que el Banco de España cuestiona el uso de estas cláusulas y advierte de sus efectos negativos sobre la inflación. En este artículo afirma también que las cláusulas de revisión favorecen los llamados 'efectos de segunda ronda', que acaban convirtiendo los aumentos transitorios de la inflación en permanentes.
Ángeles Vargas (economía@hosteltur.com)
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