AEDAVE ha pedido al Consejo Español del Turismo que se arbitren las medidas para conseguir la unidad del mercado español, ante la implementación de la Directiva europea 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, más conocido por el comisario europeo impulsor de la misma, Frits Bolkestein.
El presidente de la mencionada asociación de agencias, José Manuel Maciñeiras, ha pedido al Consejo Español del Turismo que se arbitren las medidas necesarias para, respetando las atribuciones y competencias de cada Comunidad Autónoma, se respete la unidad de mercado ante la inminente transposición a la legislación española de la Directiva europea relativa a los servicios en el mercado interior.
AEDAVE, que asegura contar con el respaldo de las organizaciones empresariales, hoteleras y turísticas, así como de algunas Comunidades Autónomas, ha solicitado que "se consensúe la transposición de la nueva Directiva a las distintas legislaciones turísticas vigentes en España, para impedir que se incremente aún más la ya de por sí dispar legislación turística".
Para Maciñeiras, "es absolutamente necesaria la coordinación entre todas las Comunidades Autónomas con el objetivo de que se preserve la unidad de mercado y se beneficie la actividad del sector turístico español, simplificando los trámites que faciliten la libre circulación y establecimiento de las empresas de forma similar en todo el territorio nacional sin dejar de garantizar, de forma efectiva, los derechos de los usuarios y de los consumidores".
El presidente de AEDAVE considera que la normativa turística del país debe ser similar en todas las autonomías, para garantizar la seguridad jurídica y fortalecer la posición competitiva, de manera que el producto turístico español resulte atractivo, seguro y fácil a consumidores, turistas y empresarios y trabajadores.
No obstante, desde otras del sector se considera que la única alternativa que tienen las agencias de viajes para preservar su figura ante posibles entradas de otras empresas en su actividad, es alinearse con los consumidores y convertirse en garantes de sus derechos. Un enfoque al que son muy sensibles las autoridades europeas.
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