Las pymes catalanas protestan contra una nueva ley que penalizaría los negocios turísticos
Publicada 01/04/09
Un proyecto de ley impulsado por el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, y que se encuentra ahora en proceso de debate en el Parlament, causará graves prejuicios a las pequeñas y medianas empresas del sector turístico, según ha denunciado la patronal PIMEC Turismo.
El llamado 'Proyecto de ley de prevención y control ambiental de las actividades' dará a los ayuntamientos potestad para renovar cada cinco años las licencias de actividad a hoteles, cámpings, casas rurales, apartamentos, restaurantes, bares, etc.
Para ver renovada su licencia, los establecimientos turísticos y hosteleros tendrán que presentar la documentación técnica requerida, visados, etc, y pagar una tasa municipal.
Por ejemplo, un hotel de menos de 60 habitaciones pagaría una tasa de 4.500 euros. A esta cantidad deberán sumarse los costes de tramitación del proyecto realizado por empresas especializadas, que pueden ascender a 2.000 euros.
Incluso el Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya ha emitido un informe negativo respecto a este proyecto de ley. No obstante, la consejería de Medio Ambiente indica que dicho informe no es vinculante.
"El problema de base es que el departamento de Medio Ambiente quiere regular los negocios turísticos como si éstos fueran actividades de alto riesgo ambiental", expone Jaume Marimón, presidente de la comisión de Turismo de la patronal catalana PIMEC.
El proyecto de ley que ha comenzado a debatirse esta semana en el Parlament substituirá a la polémica Ley de Licencia Ambiental, promulgada en 1998 y que desde entonces ha ocasionado numerosos quebraderos de cabeza al sector turístico catalán.
Dicha ley procedía de una directiva europea originalmente concebida para empresas petroquímicas, nucleares y mineras. Pero el Govern de Catalunya consideró que su ámbito debía incluir todas las actividades, lo que dio pie a una ley que restó competitividad al sector turístico, según denunció entonces PIMEC.
De hecho, la ley de 1998 generó tantas protestas y confusiones que el año pasado la Generalitat se vio obligada a conceder una moratoria hasta 2014. "Nos enfrentábamos a que miles de establecimientos habrían pasado a una situación de alegalidad", apunta Marimón.
Alegaciones en marcha
Pero la nueva ley tampoco satisface al sector, por las cargas fiscales y la pesadez burocrática que impondrá tal como está planteada ahora. De ahí que PIMEC Turismo haya comenzado a presentar alegaciones.
Cabe recordar que la consejería de Innovación, Universidad y Empresa (en manos de ERC) anunció el pasado lunes una serie de medidas para simplificar la normativa turística actual, por el alto coste que supone para las pequeñas y medianas empresas, tal como ha demostrado un estudio.
No obstante, los empresarios turísticos perciben un conflicto no resuelto entre esta consejería y el departamento de Medio Ambiente (controlado por IC).
En todo caso, Jaume Marimón advierte que otras comunidades autónomas están pendientes de la ley de "control ambiental" que finalmente apruebe Catalunya para regular las actividades turísticas.
Xavier Canalis (actualidad@hosteltur.com)
Para ver renovada su licencia, los establecimientos turísticos y hosteleros tendrán que presentar la documentación técnica requerida, visados, etc, y pagar una tasa municipal.
Por ejemplo, un hotel de menos de 60 habitaciones pagaría una tasa de 4.500 euros. A esta cantidad deberán sumarse los costes de tramitación del proyecto realizado por empresas especializadas, que pueden ascender a 2.000 euros.
Incluso el Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya ha emitido un informe negativo respecto a este proyecto de ley. No obstante, la consejería de Medio Ambiente indica que dicho informe no es vinculante.
"El problema de base es que el departamento de Medio Ambiente quiere regular los negocios turísticos como si éstos fueran actividades de alto riesgo ambiental", expone Jaume Marimón, presidente de la comisión de Turismo de la patronal catalana PIMEC.
El proyecto de ley que ha comenzado a debatirse esta semana en el Parlament substituirá a la polémica Ley de Licencia Ambiental, promulgada en 1998 y que desde entonces ha ocasionado numerosos quebraderos de cabeza al sector turístico catalán.
Dicha ley procedía de una directiva europea originalmente concebida para empresas petroquímicas, nucleares y mineras. Pero el Govern de Catalunya consideró que su ámbito debía incluir todas las actividades, lo que dio pie a una ley que restó competitividad al sector turístico, según denunció entonces PIMEC.
De hecho, la ley de 1998 generó tantas protestas y confusiones que el año pasado la Generalitat se vio obligada a conceder una moratoria hasta 2014. "Nos enfrentábamos a que miles de establecimientos habrían pasado a una situación de alegalidad", apunta Marimón.
Alegaciones en marcha
Pero la nueva ley tampoco satisface al sector, por las cargas fiscales y la pesadez burocrática que impondrá tal como está planteada ahora. De ahí que PIMEC Turismo haya comenzado a presentar alegaciones.
Cabe recordar que la consejería de Innovación, Universidad y Empresa (en manos de ERC) anunció el pasado lunes una serie de medidas para simplificar la normativa turística actual, por el alto coste que supone para las pequeñas y medianas empresas, tal como ha demostrado un estudio.
No obstante, los empresarios turísticos perciben un conflicto no resuelto entre esta consejería y el departamento de Medio Ambiente (controlado por IC).
En todo caso, Jaume Marimón advierte que otras comunidades autónomas están pendientes de la ley de "control ambiental" que finalmente apruebe Catalunya para regular las actividades turísticas.
Xavier Canalis (actualidad@hosteltur.com)
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