Escándalos urbanísticos y fijación ilegal de precios agravan la corrupción en España

La corrupción urbanística es la causa principal de esta caída en el ránking, según el Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI).

La corrupción urbanística "ha aflorado" mucho más que años atrás gracias a "la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación", apuntó el presidente de TI en España, Jesús Lizcano.

Pese a este empeoramiento, se ha dado un avance significativo con la legislación sobre delitos urbanísticos y la nueva unidad de la Guardia Civil creada para perseguir dichos crímenes, destaca la citada ONG.

"Ha habido un avance relativo con la Ley de Contratos del Sector Público, así como con la Ley de Financiación de los Partidos Políticos", aunque ésta sigue presentando carencias importantes, dijo Manuel Villoria, miembro de la organización.

"Los países latinos somos muy permisivos" con la corrupción, dijo Lizcano. "Admiramos al listo, al pillo, al que defrauda mejor o más", estimó. Por esta razón, el presidente de TI en España puso como ejemplo a seguir a los países nórdicos, donde existen mayores niveles de educación al respecto y cuyos habitantes "denuncian a familiares cuando ven que hacen algo mal".

Sobornos, uso de información provilegiada y fijación de precios

Por otra parte, la ONG advirtió de que la corrupción es un problema "claramente alarmante en el sector privado", donde además "se está generalizando". Así lo manifestó Lizcano en la presentación en Madrid del Informe.

En este sentido, el presidente de TI explicó que las empresas procedentes de los países desarrollados "actúan incrementando la corrupción" en las naciones del Tercer Mundo al pagar sobornos. Este asunto es más problemático que "los fallos en las infraestructuras" y los "retrasos en el sistema jurídico", dijo.

Lizcano señaló que el pago de sobornos es sólo una de las formas de corrupción. También son prácticas generalizadas el uso de información privilegiada y la fijación ilegal de precios.

De este modo, se estima que únicamente se conoce uno de cada seis cárteles de precios ilegales. Lizcano criticó que dichos cárteles "socavan el crecimiento económico".

El director general de la Fundación Ortega y Gasset, Jesús Sánchez Lambás, entitdad que colabora con TI, añadió que una de las formas de acabar con la corrupción en las empresas es dotarlas de protocolos de conducta. "La política empresarial no corrupta y la honestidad vende", aseguró, al tiempo que afirmaba que "el sector privado tiene que ser ejemplar".

HOSTELTUR (actualidad@hosteltur.com)