La Fiscalía concluye que Air Comet no estafó a sus clientes por vender pasajes estando ya insolvente
Publicada 28/06/10
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en atención de las conclusiones formuladas por el fiscal instructor, Daniel Campos, anuncia que se archivan de las actuaciones abiertas a raíz de la denuncia presentada por la asociación de consumidores Ceaccu.
De esta forma, la Audiencia Nacional cierra cualquier posibilidad de investigar a Air Comet por presuntas irregularidades. El pasado 5 de abril la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de queja presentado por Ceaccu contra las desestimación de la demanda dictada por el juez Santiago Pedraz.
El fiscal concluye que los hechos analizados "difícilmente" pueden constituir un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, pero podría tratarse de un "incumplimiento de obligaciones contractuales" de las que "se podrían derivar responsabilidades civiles, pero no de orden penal".
"Intentando salvar la empresa"
Según la documentación analizada, el fiscal explica que, "a pesar de la delicada situación económica de la aerolínea, los responsables de Air Comet siguieron intentando salvar la viabilidad de la compañía, dando cuenta puntualmente al Ministerio de Fomento de las negociaciones y acuerdos que estaban desarrollando" hasta que un juez británico dictó la orden de embargo de los aviones de la compañía.
En concreto, el fiscal señala que Teinver, sociedad propietaria de Air Comet, tenía un memorandum de entendimiento suscrito con Air Transport Group Holdings para la adquisición de la aerolínea antes del 23 de febrero de 2010. Además, con fecha de 1 de diciembre de 2009 se firmó el acuerdo de compraventa entre Teinver y Sobelty Management, sociedad que sustituía a la anterior compradora para cerrar la operación, en virtud por la que ésta adquiría el 100% de las acciones de Air Comet. La operación fue frustrada por la orden de embargo dictada el 19 de diciembre de 2009 por el juez británico sobre los 13 aviones de Air Comet.
El fiscal llegó a esta conclusión tras analizar la documentación remitida por el Ministerio de Fomento, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el Registro Mercantil, las embajadas y consulados de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Francia. El fiscal también contó con los informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial que contaban con la colaboración de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés).
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