Los controladores aéreos ratifican el acuerdo con Aena

El viernes pasado, USCA, la organización sindical que representa al 95% de los 2.400 profesionales que gestionan el control aéreo español, y Aena llegaron a un principio de acuerdo que sienta las bases de las negociaciones del nuevo convenio colectivo, el cual se proponen aprobar y firmar antes de que finalice el presente año. Un total de 1.811 controladores, el 90% de los convocados, acudió a la votación. De ellos, 1.613 que representan poco más del 89% dieron su visto bueno al acuerdo; 132 que suponen el 7,29% votaron en contra y 66 votos, el 3,6%, fueron nulos.

Un final 'cantado'

Los controladores aéreos estaban convocados para votar hoy en una asamblea que, en principio, estaba prevista para el martes pasado.

La asamblea nacional de los controladores se llevó a cabo a través de reuniones en los 49 centros de trabajo existentes en los aeropuertos y servicios centrales. El proceso de votación fue efectuado entre las 12:00 y las 16:00 horas y los datos fueron remitidos a la central de USCA en Barcelona, donde fue efectuado el escrutinio final.

El sindicato estaba convencido de que el documento sería aprobado por la asamblea quedando libre el camino para iniciar las negociaciones del nuevo convenio colectivo, lo cual se prevé para mediados de septiembre y que esté negociado y firmado antes de que finalice el presente año.

El principio de acuerdo permite al Ministerio de Fomento reducir las tasas de ruta un 15% y a los trabajadores mejorar la carga de trabajo, aunque sea a costa de una reducción salarial. Se ha basado en la tabla reivindicativa de doce puntos presentada por USCA y se enmarca en la ley de 14 de abril sobre la prestación de los servicios de navegación aérea, así como en el polémico real decreto sobre los tiempos de actividad y descanso aprobado hace unas semanas.

Respecto a la jornada laboral, uno de los principales escollos planteados en la negociación por los controladores, se ha convenido en que será de un máximo de 1.670 horas anuales, tal y como establece la ley, a la que se añadirán 80 horas extras. El segundo punto conflictivo era el de las retribuciones que se han fijado en un salario medio anual de 200.000 euros, lo que supone, aproximadamente, una rebaja de un 40% con respecto a la media anterior anual que estaba en torno a los 350.000 euros.