Unas 480.000 viviendas turísticas irregulares deberían aflorar en Cataluña

La Generalitat ha utilizado para este cálculo los datos del plan estratégico del sector, en el que se señalaba que Cataluña contaba con un total de medio millón de apartamentos turísticos, aunque en el momento más álgido sólo se encontraban inscritos 23.000.
 
El nuevo decreto establece que se denominará vivienda de uso turístico a aquella que sea alquilada por un periodo continuo igual o inferior a tres meses, para lo que tendrá que contar con una autorización que otorgarán los ayuntamientos, aunque no será necesaria la presencia de una empresa intermediaria. Quedan fuera de este ámbito los bloques de apartamentos que comparten servicios, que pasan a regirse por la normativa hotelera y en los que tampoco será necesaria la existencia de empresas intermediarias. La responsabilidad de tener la licencia y de cumplir las obligaciones fiscales subsidiarias dependerá de los propietarios.
 
En la explicación de la nueva normativa, el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, ha asegurado que la norma no exige tanto una licencia municipal como una ?autorización?, por lo que se deja en manos de los consistorios esta decisión.
 
La Consellería que ha redactado el decreto, la de Innovación, Empresa y Universidades, defiende que hará posible ?reconducir? un tipo de actividad que se llevaba a cabo al margen de las normas que rigen las actividades económicas, lo que hacía posible que muchas personas alquilaran su vivienda para turistas sin permiso, sin pagar impuestos y ocasionando problemas vecinales y municipales, como ha pasado en el distrito barcelonés de Ciutat Vella.
 
El conseller Josep Huguet defiende que con esta nueva normativa los consistorios disponen de un ?incentivo para hacer aflorar esta actividad, vía pago por la licencia de uso, a través de los ingresos fiscales que genere, o por sanciones municipales por uso indebido de las viviendas?. No obstante, la Generalitat no ha cuantificado qué impacto positivo puede tener el nuevo decreto ni en las arcas municipales ni en las de la Agencia Tributaria.
 
En cuanto el nuevo decreto entre en vigor, alquilar una vivienda para tres meses sin licencia o autorización será ilegal y quien lo haga podrá ser sancionado como falta grave y con multas de hasta 90.000 euros. Las inspecciones de estas viviendas correrán a cargo de los ayuntamientos.
 
Hasta ahora había muchos contratos de arrendamiento urbano que se sometían a este régimen de usos turísticos, a través de un reglamento de 1999 que permitía la existencia de los apartamentos turísticos. El subdirector de ordenación turística, Joan Abad, cree que este cambio ha sido necesario porque ?la situación actual no era satisfactoria ni desde el punto vecinal, ni desde el municipal ni desde el fiscal?.