El 90% de los turistas nacionales no se ha visto afectado por el caos aéreo, según Sebastián

El ministro ha añadido que las cifras adelantadas en materia de pérdidas por el cierre del espacio aéreo "son prematuras y precipitadas". Además, el Gobierno cree que la imagen de España en el exterior no va a resultar dañada por la "huelga salvaje" de controladores, gracias a la buena acogida por la prensa extranjera de la reacción "clara y contundente" de la declaración del estado de alarma.

La Fiscalía, Aena y más de 5.000 particulares pedirán cuentas a los controladores

Por su parte, la Fiscalía investigará por la vía penal caso por caso a unos 500 controladores mientras Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) anunció este domingo que ha abierto 442 expedientes disciplinarios. A ello se unen al menos las 5.000 personas que se han sumado ya a la demanda colectiva elaborada por el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, de las que un 15% eran profesionales en viaje de negocios. Mientras, la Sociedad Española de Control de Tránsito Aéreo (SODECTA), que agrupa a los controladores aéreos militares, han confirmado la denuncia de que el Ministerio de Defensa no ha actualizado sus certificados de aptitud para solicitar la nueva licencia comunitaria.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha explicado que están abiertas la vía penal y la administrativa, con sanciones que van desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia de controlador. Por su parte el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha informado de que la Fiscalía comenzará el jueves a tomar declaración a los controladores.

El Fiscal ha confirmado que todos los casos se seguirán por la vía ordinaria y no por la militar, puesto que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo español en la noche del viernes. Como informó el ministro de Fomento, José Blanco,  el domingo, se han producido sólo ausencias por "causas justificadas" que no afectaron a la normalidad  de las operaciones desde que entró en vigor el estado de alarma.

Conde-Pumpido ha detallado que, con arreglo a la ley vigente, los controladores pueden ser condenados a penas que oscilan entre los tres meses y los tres años de cárcel, para los casos más leves, y de tres a ocho años en los más graves.

En el ámbito que corresponde a Aena, Blanco ha insistido en que se estudiarán los expedientes disciplinarios abiertos, que pueden tener consecuencias muy variadas, pero que será muy distinta la valoración de la no asistencia al trabajo o de la negación de hacerse las pruebas médicas que se produjo tras la entrada en vigor del decreto que establecía la obligatoriedad de dichas pruebas, así como si se ausentaron alegando que ya habían sobrepasado el límite de horas antes o después de la publicación de la norma.

Casi 5.000 denunciantes particulares
 
Por otro lado, cerca de 5.000 personas se han sumado ya a la demanda colectiva elaborada por el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, desde donde explican que "el elemento común a todos ellos es el haber sufrido una serie de prejuicios graves". La estimación inicial del bufete para "resarcir" a los pasajeros se sitúa en 10.000 euros por reclamante.

Entre los reclamantes, Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias son las Comunidades Autónomas que, hasta la fecha, presentan un mayor número de firmantes. Cremades & Calvo-Sotelo añade que los participantes son de "perfil y origen diverso", siendo al menos un 20% de los afectados de nacionalidad extranjera. Por otro lado,  señalan que al menos un 15% de los reclamantes son profesionales que no han podido realizar o finalizar sus viajes de negocio, con lo que en estos casos "no sólo conlleva un perjuicio en lo personal sino también en el ámbito profesional".

A estas demandas podrían sumarse más, ya que por ejemplo, como informa hoy este diario, la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) está estudiando iniciar acciones legales para logra resarcir a sus asociados de las pérdidas. También lo está estudiando el Govern Balear.

Sin actualizar la licencia

La Sociedad Española de Control de Tránsito Aéreo (SODECTA), que agrupa a los controladores aéreos militares, ha confirmado la denuncia de que el Ministerio de Defensa no ha puesto en marcha el mecanismo para actualizar sus certificados de aptitud y cambiarlos por la nueva licencia comunitaria.

A través de un comunicado, SODECTA, que asegura tener entre sus 220 asociados al 80% de los controladores aéreos militares de España, refierte que el viernes pasado finalizaba el plazo que Fomento y Defensa tenían para dar cumplimiento al real decreto sobre licencia comunitaria de controlador de la circulación aérea.

Añade que, si bien Fomento el mismo viernes, Defensa aún no ha creado el mecanismo administrativo que permita a los controladores militares obtener esa acreditación comunitaria.

Según esta asociación, a partir de mañana "los controladores aéreos militares no tendrán ningún título que les habilite para gestionar circulación aérea general", una situación que crea una inseguridad jurídica que "puede afectar a la seguridad aérea".

Los controladores aéreos militares prestan servicio en las bases aéreas españolas, ocho de las cuales están abiertas también al tráfico civil.

Fuentes del Ministerio de Defensa han negado que los controladores militares quedaran desde el fin de semana en una situación de inseguridad jurídica, porque el Estado Mayor del Aire ya ha solicitado una prórroga que permitirá posponer el canje de los actuales certificados de aptitud por la licencia europea que habilitará para controlar el tráfico aéreo civil y militar.

Ángeles Vargas / Diana Ramón Vilarasau (transportes@hosteltur.com)
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