Afectados por el cierre del espacio aéreo reclaman una indemnización millonaria a Aena
Publicada 13/12/10
La Plataforma de Afectados por el cierre del espacio aéreo español durante 20 horas, entre los días 3 y 4 de diciembre, pide una indemnización millonaria a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), como garante del servicio, que se sitúa en los 10.000 euros por "daño moral" para cada uno de los perjudicados. Será la demanda colectiva más importante registrada hasta el momento en el país.
Javier Cremades, uno de los principales miembros del despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo, que representa a esta Plataforma integrada por más de 5.000 afectados, indicó que se va a reclamar esa cifra a Aena por vía administrativa durante el mes de enero.
La cantidad de 10.000 euros es un baremo estándar que se ha realizado en función del daño que se ha causado a aquellas personas que no pudieron viajar por el cierre del espacio aéreo y que, según Cremades, "va más allá" de la cantidad que tiene Aena prevista para paliar los problemas de retrasos o de otro tipo, que es sólo de 600 euros.
Cremades argumenta que esta reclamación va directamente contra el gestor aeroportuario por ser el garante de dar un servicio público "que no se puede quedar simplemente en una responsabilidad patrimonial de los controladores·, ya que, según los abogados de Cremades&Calvo Sotelo, no son sino "meros empleados públicos".
Su intención es sumarse a la acción de la Fiscalía como acusación particular en la causa que se abra en el futuro contra los controladores por la vía penal.
Según Juan Ortiz, socio del despacho de abogados, a los controladores se les puede aplicar las penas contenidas en la Ley de Navegación Aérea de 1964 que, "aunque es preconstitucional, no ha sido derogada y, por lo tanto, no es inconstitucional".
Los artículos 20 y 21 de la misma indican, según explicó Ortiz, que por el abandono de sus puestos de trabajo, los controladores pueden ser condenados a penas de hasta 8 años de cárcel.
Demanda colectiva
Otro de los abogados del despacho, Luis Bericat, destacó que se está ante la demanda colectiva más importante del país, y recordó que se calcula en cerca de 600.000 las personas que se vieron afectadas por el cierre del espacio aéreo.
Bericat pidió, además, que los tribunales estén a la altura que requiere esta demanda, y que se instruya un juzgado específico para el caso, de forma que no se produzca por la avalancha de reclamaciones un bloqueo judicial.
Entre los más de 5.000 afectados que forman la Plataforma y que han elegido a este despacho de abogados como sus representantes ante la Administración, un 97% son particulares pero el 3% restante se encuntra a asociaciones hoteleras y líneas aéreas, aunque no quisieron adelantar nombres.
A juicio de los abogados del despacho Cremades&Calvo Sotelo, la situación vivida en los aeropuertos españoles por el cierre del espacio aéreo "no puede volver a repetirse", y más allá de indemnizaciones o de sanciones a los controladores, lo que se pide es que se tomen las medidas para que no "suceda más y no se bloqueen los servicios aeroportuarios".
HOSTELTUR (transportes@hosteltur.com)
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La cantidad de 10.000 euros es un baremo estándar que se ha realizado en función del daño que se ha causado a aquellas personas que no pudieron viajar por el cierre del espacio aéreo y que, según Cremades, "va más allá" de la cantidad que tiene Aena prevista para paliar los problemas de retrasos o de otro tipo, que es sólo de 600 euros.
Cremades argumenta que esta reclamación va directamente contra el gestor aeroportuario por ser el garante de dar un servicio público "que no se puede quedar simplemente en una responsabilidad patrimonial de los controladores·, ya que, según los abogados de Cremades&Calvo Sotelo, no son sino "meros empleados públicos".
Su intención es sumarse a la acción de la Fiscalía como acusación particular en la causa que se abra en el futuro contra los controladores por la vía penal.
Según Juan Ortiz, socio del despacho de abogados, a los controladores se les puede aplicar las penas contenidas en la Ley de Navegación Aérea de 1964 que, "aunque es preconstitucional, no ha sido derogada y, por lo tanto, no es inconstitucional".
Los artículos 20 y 21 de la misma indican, según explicó Ortiz, que por el abandono de sus puestos de trabajo, los controladores pueden ser condenados a penas de hasta 8 años de cárcel.
Demanda colectiva
Otro de los abogados del despacho, Luis Bericat, destacó que se está ante la demanda colectiva más importante del país, y recordó que se calcula en cerca de 600.000 las personas que se vieron afectadas por el cierre del espacio aéreo.
Bericat pidió, además, que los tribunales estén a la altura que requiere esta demanda, y que se instruya un juzgado específico para el caso, de forma que no se produzca por la avalancha de reclamaciones un bloqueo judicial.
Entre los más de 5.000 afectados que forman la Plataforma y que han elegido a este despacho de abogados como sus representantes ante la Administración, un 97% son particulares pero el 3% restante se encuntra a asociaciones hoteleras y líneas aéreas, aunque no quisieron adelantar nombres.
A juicio de los abogados del despacho Cremades&Calvo Sotelo, la situación vivida en los aeropuertos españoles por el cierre del espacio aéreo "no puede volver a repetirse", y más allá de indemnizaciones o de sanciones a los controladores, lo que se pide es que se tomen las medidas para que no "suceda más y no se bloqueen los servicios aeroportuarios".
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