Asesoría legal turística Hosteltur

La Comisión de Propiedad Intelectual (Sección Primera) dictó una resolución el 14 de marzo de 2023 estableciendo las tarifas que EGEDA puede exigir a los establecimientos hoteleros por los actos de comunicación pública. Estas tarifas entraron en vigor tras su publicación en el BOE el 5 de abril de 2023. Dicha resolución puso fin al procedimiento de determinación de tarifas iniciado en 2018 por CEHAT ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo negociado con EGEDA. Pero, es importante señalar que la resolución ha sido recurrida ante la Jurisdicción Contenciosa. Aunque el recurso no suspende su aplicación inmediata, abre la posibilidad de una eventual modificación en el futuro.

Las tarifas determinadas por la Comisión ya incluyen los distintos espacios del hotel en los que se realiza la comunicación pública de contenidos audiovisuales, como habitaciones, zonas comunes y espacios de ocio. Por tanto, si EGEDA exigiera tarifas adicionales por áreas ya contempladas en la resolución del 14 de marzo de 2023, podría tratarse de una aplicación indebida, en cuyo caso sería recomendable verificar la reclamación y, si procede, impugnarla. Además, hay que diferenciar estas tarifas de las aplicadas a los establecimientos de restauración, cuya resolución fue dictada el 24 de febrero de 2022. Estas tarifas no son acumulables a las de los hoteles, ya que la resolución específica para hoteles ya considera la existencia de restaurantes dentro de los mismos.

Además de EGEDA, otras entidades de gestión de derechos pueden reclamar tarifas por la reproducción de contenido en el hotel:

1. SGAE (Sociedad General de Autores y Editores): por la reproducción de música en espacios públicos, tanto grabada como en actuaciones en vivo.
2. AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) y AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes): por la reproducción de fonogramas en zonas comunes o habitaciones.

Se recomienda verificar que las tarifas reclamadas por estas entidades sean las correctas y no haya duplicidades en los cobros.

El hecho de que la Comisión de Propiedad Intelectual haya fijado estas tarifas no impide la posibilidad de negociación. De hecho, considerando que la resolución está recurrida ante los Tribunales Contenciosos, puede existir margen para discutir ciertos aspectos de la aplicación y cuantificación de las tarifas.

Recomendamos, solicitar a EGEDA el desglose detallado de la reclamación. Revisar los contratos con proveedores de televisión o música, ya que en algunos casos estos derechos pueden estar incluidos en los servicios prestados. Confirmar que no se están aplicando tarifas duplicadas si el hotel cuenta con servicios de restauración, dado que la tarifa específica para hoteles ya incluye estos espacios. Explorar la posibilidad de negociación con EGEDA. Asesorarse sobre la posibilidad de impugnar la reclamación, si se detectan irregularidades en su aplicación o si existen razones para considerar que el importe es desproporcionado.

Si requieren asistencia adicional para analizar la reclamación en detalle o para iniciar un proceso de negociación, estamos a su disposición.

El hotel no es directamente responsable por una estafa cometida por un tercero que gestionó fraudulentamente una reserva y la cobró. El hotel solo está obligado a cumplir reservas formalizadas a través de sus canales oficiales o mediante intermediarios legítimos con los que tenga acuerdos comerciales. 

En todo caso, el hotel debería ofrecer asistencia al cliente para denunciar la estafa a las autoridades competentes. Esta obligación se deriva de la necesidad de atender e informar a los consumidores sobre cualquier incidencia que afecte al funcionamiento normal de las relaciones de consumo, como es el caso de una estafa. Como parte implicada, el hotel debería también denunciar los hechos, al haber un tercero usurpado su nombre comercial para estafar.

Marc Ripoll

Abogado de MONLEX

Si la empresa ha recibido una denuncia anónima sobre un posible caso de mobbing a través del canal de denuncias, es importante actuar con diligencia para garantizar el cumplimiento normativo y proteger a todas las partes implicadas. Lo primero Confirmar la recepción de la denuncia, registrarla y analizar la información recibida para determinar si es suficiente para iniciar una investigación. Si el contenido es demasiado genérico, se puede intentar obtener más detalles a través del propio canal, siempre que el sistema lo permita.

Una vez revisada la denuncia, hay que evaluar si el caso entra dentro del ámbito del canal de denuncias o si debe ser gestionado por Recursos Humanos o el departamento de Compliance. También es importante valorar si existen indicios que justifiquen abrir una investigación interna.

Si se decide investigar, se debe designar a un responsable imparcial para el proceso, garantizando en todo momento la confidencialidad y la protección de los derechos de todas las partes. La recopilación de pruebas puede incluir entrevistas con testigos y revisión de documentos relevantes, como correos electrónicos, mensajes internos o evaluaciones de desempeño. Además, es clave determinar si se han vulnerado derechos fundamentales y si hay indicios claros de acoso laboral, conforme a la legislación aplicable, como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o el Código Penal.

Si la investigación lo requiere, pueden adoptarse medidas cautelares para proteger a la presunta víctima, como cambios de puesto, medidas de alejamiento o apoyo psicológico. También es fundamental prevenir cualquier tipo de represalia contra el denunciante, en línea con lo establecido en la Ley 2/2023 de Protección del Informante.

Una vez finalizada la investigación, se elabora un informe con las conclusiones, donde se determina si efectivamente hubo una situación de mobbing. Si se confirma, se deben aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes según el convenio colectivo o el reglamento interno de la empresa. En caso de que haya indicios de delito, será necesario informar a la autoridad competente, como la Inspección de Trabajo o la Fiscalía.

Si el canal de denuncias lo permite, se puede informar al denunciante sobre la finalización del proceso sin revelar detalles sensibles. Además, tras gestionar la denuncia, la empresa debería evaluar si es necesario mejorar sus políticas de prevención del acoso, fortalecer la formación del personal o implementar nuevas medidas para evitar situaciones similares en el futuro.

Seguir este procedimiento permitirá a la empresa actuar con transparencia y garantizar tanto el cumplimiento normativo como un entorno laboral seguro y respetuoso para todos los empleados

Buenas tardes,

Más allá de las obligaciones en relación con los viajes combinados que figuran en el Libro IV del TRLGDCU, en su Libro II se establecen las obligaciones generales para los contratos que se suscriban entre consumidores y profesionales como es su caso. Este Libro II establece como obligación a los empresarios de que en la información precontractual aparezcan entre otros datos el “número de teléfono”. Por lo tanto, nuestra recomendación de cara a evitar posibles sanciones en materias de consumo es que lo facilites.

ART. 60 TRLGDC.  Información previa al contrato. (Disposiciones generales de los contratos con consumidores y usuarios – Libro SEGUNDO)

1. Serán relevantes las obligaciones de información sobre los bienes o servicios establecidas en esta norma y cualesquiera otras que resulten de aplicación y, además:
2. b) La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la razón social, el nombre comercial, su dirección completa y su número de teléfono y, en su caso, del empresario por cuya cuenta actúe.

Artículo 59. Ámbito de aplicación.

1. Son contratos con consumidores y usuarios los realizados entre un consumidor o un usuario y un empresario.
2. Los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo lo que no esté expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por el derecho común aplicable a los contratos.

La regulación sectorial de los contratos con los consumidores y usuarios deberá respetar el nivel de protección dispensado en esta ley, sin perjuicio de que prevalezcan y sean de aplicación preferente las disposiciones sectoriales respecto de aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión Europea de las que traigan causa.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la regulación sectorial podrá elevar el nivel de protección conferido por esta ley siempre que respete, en todo caso, las disposiciones del derecho de la Unión Europea.

1. Los contratos con consumidores y usuarios que incorporen condiciones generales de la contratación están sometidos, además, a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.
2. El ámbito de aplicación de este Libro también abarcará los contratos en virtud de los cuales el empresario suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor o usuario y este facilita o se compromete a facilitar datos personales, salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor o usuario sean tratados exclusivamente por el empresario con el fin de suministrar los contenidos o servicios digitales objeto de un contrato de compraventa o de servicios o para permitir que el empresario cumpla los requisitos legales a los que está sujeto, y el empresario no trate esos datos para ningún otro fin.

Antoni Mut

Abogado de MONLEX

amut@monlexabogados.es 

Lo que exige el Real Decreto que regula el Registro de Entrada de Viajeros es que el hotelero incorpore en dicha ficha-registro la relación de parentesco entre el adulto y el menor, información que se basa únicamente en la declaración del adulto, ya que los hoteleros no están obligados a verificar esta relación. No obstante, muchos hoteles, en aras de ciertos protocolos éticos y compromisos públicos, no aceptan el alojamiento de menores no acompañados.

Un empleado de una central de reservas telefónica no está legalmente obligado a proporcionar su nombre completo a un cliente, a menos que las políticas internas de la empresa lo requieran.

Según la LOPDGDD y el RGPD, los empleados tienen derecho a la protección de su privacidad, y exigir esta información podría considerarse desproporcionado si la finalidad de la llamada se puede cumplir mediante un identificador alternativo. Por lo tanto, salvo que la empresa tenga una política específica al respecto, el empleado puede negarse a dar su nombre completo.

Gracias por su consulta. En principio desde el punto de vista formal no habría impedimento en que como empresaria autónoma (debería estar de alta como tal) solicitara una licencia de Agencia de Viajes. No obstante si su contrato laboral tuviera una cláusula de no competencia podría ser despedida por incumplimiento. Normalmente este tipo de cláusulas se fijan para directivos medios o altos en empresas medianas o grandes.No obstante sí podría considerarse como infracción de la buena fe contractual que mientras está trabajando para una empresa de AAVV, estuviera simultáneamente creando y desarrollando la suya propia, con el riesgo para su empleador de intentar hacerse con sus clientes o su know how. Ese riesgo debe usd. valorarlo.Gracias

Apreciada Saraia,

Muchas gracias por su consulta.

Informarle que, atendiendo al vigente Decreto 25/2018, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo, los servicios que pretende organizar y comercializar mediante una empresa de transporte de viajeros es considerado un “paquete turístico” según el artículo 3.1.c) del citado texto normativo.

Ello implica, necesariamente, que dichas actividades son propias de las agencias de viajes. Por lo tanto, como indica el artículo 2.3, las agencias de viajes vendrán obligadas a estar inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas.

Esperamos haber resuelto su consulta satisfactoriamente

Muchas gracias,

Reciba un cordial saludo

Miquel Planas

Abogado

mplanas@monlexabogados.es