Asesoría legal turística Hosteltur

El hotel no es directamente responsable por una estafa cometida por un tercero que gestionó fraudulentamente una reserva y la cobró. El hotel solo está obligado a cumplir reservas formalizadas a través de sus canales oficiales o mediante intermediarios legítimos con los que tenga acuerdos comerciales. 

En todo caso, el hotel debería ofrecer asistencia al cliente para denunciar la estafa a las autoridades competentes. Esta obligación se deriva de la necesidad de atender e informar a los consumidores sobre cualquier incidencia que afecte al funcionamiento normal de las relaciones de consumo, como es el caso de una estafa. Como parte implicada, el hotel debería también denunciar los hechos, al haber un tercero usurpado su nombre comercial para estafar.

Marc Ripoll

Abogado de MONLEX

Si la empresa ha recibido una denuncia anónima sobre un posible caso de mobbing a través del canal de denuncias, es importante actuar con diligencia para garantizar el cumplimiento normativo y proteger a todas las partes implicadas. Lo primero Confirmar la recepción de la denuncia, registrarla y analizar la información recibida para determinar si es suficiente para iniciar una investigación. Si el contenido es demasiado genérico, se puede intentar obtener más detalles a través del propio canal, siempre que el sistema lo permita.

Una vez revisada la denuncia, hay que evaluar si el caso entra dentro del ámbito del canal de denuncias o si debe ser gestionado por Recursos Humanos o el departamento de Compliance. También es importante valorar si existen indicios que justifiquen abrir una investigación interna.

Si se decide investigar, se debe designar a un responsable imparcial para el proceso, garantizando en todo momento la confidencialidad y la protección de los derechos de todas las partes. La recopilación de pruebas puede incluir entrevistas con testigos y revisión de documentos relevantes, como correos electrónicos, mensajes internos o evaluaciones de desempeño. Además, es clave determinar si se han vulnerado derechos fundamentales y si hay indicios claros de acoso laboral, conforme a la legislación aplicable, como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o el Código Penal.

Si la investigación lo requiere, pueden adoptarse medidas cautelares para proteger a la presunta víctima, como cambios de puesto, medidas de alejamiento o apoyo psicológico. También es fundamental prevenir cualquier tipo de represalia contra el denunciante, en línea con lo establecido en la Ley 2/2023 de Protección del Informante.

Una vez finalizada la investigación, se elabora un informe con las conclusiones, donde se determina si efectivamente hubo una situación de mobbing. Si se confirma, se deben aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes según el convenio colectivo o el reglamento interno de la empresa. En caso de que haya indicios de delito, será necesario informar a la autoridad competente, como la Inspección de Trabajo o la Fiscalía.

Si el canal de denuncias lo permite, se puede informar al denunciante sobre la finalización del proceso sin revelar detalles sensibles. Además, tras gestionar la denuncia, la empresa debería evaluar si es necesario mejorar sus políticas de prevención del acoso, fortalecer la formación del personal o implementar nuevas medidas para evitar situaciones similares en el futuro.

Seguir este procedimiento permitirá a la empresa actuar con transparencia y garantizar tanto el cumplimiento normativo como un entorno laboral seguro y respetuoso para todos los empleados

Buenas tardes,

Más allá de las obligaciones en relación con los viajes combinados que figuran en el Libro IV del TRLGDCU, en su Libro II se establecen las obligaciones generales para los contratos que se suscriban entre consumidores y profesionales como es su caso. Este Libro II establece como obligación a los empresarios de que en la información precontractual aparezcan entre otros datos el “número de teléfono”. Por lo tanto, nuestra recomendación de cara a evitar posibles sanciones en materias de consumo es que lo facilites.

ART. 60 TRLGDC.  Información previa al contrato. (Disposiciones generales de los contratos con consumidores y usuarios – Libro SEGUNDO)

1. Serán relevantes las obligaciones de información sobre los bienes o servicios establecidas en esta norma y cualesquiera otras que resulten de aplicación y, además:
2. b) La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la razón social, el nombre comercial, su dirección completa y su número de teléfono y, en su caso, del empresario por cuya cuenta actúe.

Artículo 59. Ámbito de aplicación.

1. Son contratos con consumidores y usuarios los realizados entre un consumidor o un usuario y un empresario.
2. Los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo lo que no esté expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por el derecho común aplicable a los contratos.

La regulación sectorial de los contratos con los consumidores y usuarios deberá respetar el nivel de protección dispensado en esta ley, sin perjuicio de que prevalezcan y sean de aplicación preferente las disposiciones sectoriales respecto de aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión Europea de las que traigan causa.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la regulación sectorial podrá elevar el nivel de protección conferido por esta ley siempre que respete, en todo caso, las disposiciones del derecho de la Unión Europea.

1. Los contratos con consumidores y usuarios que incorporen condiciones generales de la contratación están sometidos, además, a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.
2. El ámbito de aplicación de este Libro también abarcará los contratos en virtud de los cuales el empresario suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor o usuario y este facilita o se compromete a facilitar datos personales, salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor o usuario sean tratados exclusivamente por el empresario con el fin de suministrar los contenidos o servicios digitales objeto de un contrato de compraventa o de servicios o para permitir que el empresario cumpla los requisitos legales a los que está sujeto, y el empresario no trate esos datos para ningún otro fin.

Antoni Mut

Abogado de MONLEX

amut@monlexabogados.es 

Lo que exige el Real Decreto que regula el Registro de Entrada de Viajeros es que el hotelero incorpore en dicha ficha-registro la relación de parentesco entre el adulto y el menor, información que se basa únicamente en la declaración del adulto, ya que los hoteleros no están obligados a verificar esta relación. No obstante, muchos hoteles, en aras de ciertos protocolos éticos y compromisos públicos, no aceptan el alojamiento de menores no acompañados.

Un empleado de una central de reservas telefónica no está legalmente obligado a proporcionar su nombre completo a un cliente, a menos que las políticas internas de la empresa lo requieran.

Según la LOPDGDD y el RGPD, los empleados tienen derecho a la protección de su privacidad, y exigir esta información podría considerarse desproporcionado si la finalidad de la llamada se puede cumplir mediante un identificador alternativo. Por lo tanto, salvo que la empresa tenga una política específica al respecto, el empleado puede negarse a dar su nombre completo.

Gracias por su consulta. En principio desde el punto de vista formal no habría impedimento en que como empresaria autónoma (debería estar de alta como tal) solicitara una licencia de Agencia de Viajes. No obstante si su contrato laboral tuviera una cláusula de no competencia podría ser despedida por incumplimiento. Normalmente este tipo de cláusulas se fijan para directivos medios o altos en empresas medianas o grandes.No obstante sí podría considerarse como infracción de la buena fe contractual que mientras está trabajando para una empresa de AAVV, estuviera simultáneamente creando y desarrollando la suya propia, con el riesgo para su empleador de intentar hacerse con sus clientes o su know how. Ese riesgo debe usd. valorarlo.Gracias

Apreciada Saraia,

Muchas gracias por su consulta.

Informarle que, atendiendo al vigente Decreto 25/2018, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo, los servicios que pretende organizar y comercializar mediante una empresa de transporte de viajeros es considerado un “paquete turístico” según el artículo 3.1.c) del citado texto normativo.

Ello implica, necesariamente, que dichas actividades son propias de las agencias de viajes. Por lo tanto, como indica el artículo 2.3, las agencias de viajes vendrán obligadas a estar inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas.

Esperamos haber resuelto su consulta satisfactoriamente

Muchas gracias,

Reciba un cordial saludo

Miquel Planas

Abogado

mplanas@monlexabogados.es

Apreciado Sr. Bzosko,

Muchas gracias por su consulta.

Con la información facilitada, intentaremos resolver la mayoría de sus dudas.

En primer lugar, en relación a la regulación normativa: la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, la cual liderará este proyecto, anunció hace unos meses que iniciaba un proceso de consulta ciudadana para confeccionar una nueva ley que regule el sector de la Vivienda Vacacional. La misma regulará los requisitos que debe cumplir una vivienda para destinarla a vivienda vacacional y si se autoriza, o no, el alquiler de camas por separado. Actualmente, se regula mediante el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, y, en concreto, el artículo 12 recoge expresamente que las viviendas vacacionales deberán ser cedidas íntegramente a una única persona  usuaria, que figurará como responsable en todo caso de la reserva realizada, y no se permitirá la cesión por habitaciones, existiendo prohibición de formalizar varios contratos al mismo tiempo respecto a la misma vivienda, no permitiéndose, por tanto, el uso compartido de la misma.

Por otro lado, en relación a la jurisprudencia al respecto: atendiendo las recientes sentencias del Tribunal Supremo al que tiene acceso al despacho, no nos consta la autorización de alquiler por habitaciones más allá de las sentencias fundamentales que respaldan la capacidad de las comunidades de vecinos para restringir el uso de viviendas para actividades económicas en sus estatutos, lo que incluye específicamente el alquiler de viviendas turísticas.

De este modo, en la CCAA de Canarias entendemos que no se puede realizar el alquiler por habitaciones ni por camas (tampoco en el supuesto caso que se obtuviese el consentimiento y acuerdo del propietario).

Muchas gracias,

Reciba un cordial saludo

Miquel Planas

mplanas@monlexabogados.es