España, 'Next Generation EU' y Marco Financiero Plurianual (2021-2027)

La negociación del nuevo “Marco Financiero Plurianual” (2021-2027) ha sido muy complicada. El anterior marco financiero (2014-2020) llega a su fin, estando Europa en un período de elevada incertidumbre económica, geopolítica e incluso diría que estructural. La UE aún sufre las consecuencias devastadoras de la pandemia: sociales, económicas, financieras... Pero esta situación no es derivada exclusivamente de la aparición del COVID; la UE sufre también las consecuencias del Brexit, los continuos vaivenes en su política exterior y posicionamiento geoestratégico, la pérdida de competitividad, los problemas demográficos, la falta de cohesión en ámbitos fundamentales para la UE, como fiscalidad, defensa o política energética.

En este contexto, la UE ha acordado una respuesta a la crisis en forma de fondo de recuperación ‘Next Generation EU’. Este programa suplementario deberá facilitar 750.000 millones de euros para el nuevo período de programación, añadidos a los 1,074 billones ya pactados. Este acuerdo, viene a reflejar que la figura del “Marco Financiero Plurianual” parece haber cumplido su misión original de apaciguar tensiones entre los estados miembros, consiguiendo ajustar los recursos disponibles y las necesidades presupuestarias reales, reforzando la disciplina presupuestaria y optimizando la ejecución de las diferentes iniciativas mediante una mejor planificación.

Hasta el 2023, España podría recibir transferencias del programa "Next Generation EU" por un importe máximo de 71.604 millones de euros (140.000 millones si se incluyen los "préstamos"), mediante dos instrumentos principales: el "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" (MRR), que aglutinará hasta 59.168 millones de euros, y el "React-EU", que sumará hasta 12.436 millones de euros, este último instrumento para paliar los efectos de la pandemia, mediante el fortalecimiento del llamado ‘Estado del Bienestar’, debiendo destinar recursos a financiar operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, con el objetivo de atenuar los efectos dañinos de la pandemia, así como de impulsar su transformarción digital y adecuarlos mejor a las necesidades presentes y futuras.

A estas cifras, se han de añadir los fondos estructurales, más de 36 billones de euros - FEDER y Fondo Social Europeo - previstos en el marco financiero plurianual de 2021-2027, y resto de programas comunitarios.

Ahora toca que los estados miembros cumplan su misión y colaboren para el buen uso de esos fondos. Esto requerirá de visión coordinada y buena gestión por parte de los estados miembros, desde una doble vertiente público-privada. Definir la mejor aplicación de dichos recursos, con criterios de criticidad, eficiencia, valor aportado, tiempo de implementación, dependencias entre iniciativas, indicadores de medición de resultados,…

La creciente tensión política y social en algunos estados miembros, como es el caso por ejemplo de España, puede poner en riesgo el “bien común”; pudiendo perjudicar gravemente el impulso que necesita la UE en términos de cohesión, sostenibilidad, digitalización o empleo. La dificultad del momento actual debiera servir de acicate para la generación de valor; es momento para hacer una llamada al “sentido de Estado”, que es también el sentido común, una llamada a la unidad, a que todos rememos en la misma dirección, aparcando por un tiempo nuestras diferencias en pos del “bien común”.

Conviene hacer mención especial a los ya comentados fondos del programa “REACT-EU”, que serán distribuidos mediante los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y el FSE (Fondo Social Europeo), dentro de los programas operativos del Estado y de las CC.AA. ya existentes, añadiendo un nuevo eje a los mismos. Siendo más preciso, se distribuirán 8 billones de euros en 2021 y 2 billones en 2022. Adicionalmente, el Ministerio de Sanidad gestionará en 2021 otros 2.436 millones de euros, a través del “Programa Operativo Plurirregional” de España, para la adquisición de vacunas para el conjunto de España que, posteriormente, serán repartidas a las CC.AA. También se destinarán a un “Plan de Reforzamiento de la Atención Primaria” y a un “Plan de Renovación de Tecnologías Sanitarias” que ejecutarán las administraciones territoriales y que buscarán mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones de emergencia como la que estamos sufriendo.

Tras este análisis rápido de situación, cabría plantearse qué áreas funcionales o industrias deberían ser de mayor prioridad a la hora de redistribuir los fondos proporcionados por la UE. Hay sectores realmente afectados por la pandemia: turismo, hostelería, restauración, agencias de viaje, comercio, transporte, automoción, actividades culturales y deportivas,… La mayor parte de ellos muy relevantes para España en términos de generación de empleo y riqueza, conservación del patrimonio cultural y vertebración geográfica y demográfica,… Pienso que todos ellos, en mayor o menor medida, requieren especial atención; pero también, por qué no, otros sectores, menos dañados, que pueden proporcionar un impulso positivo desde el punto de vista tecnológico, económico o social para España; por ejemplo el sector sanitario o el de servicios, como aquellos centrados en investigación, digitalización o innovación.

Quizás el mejor criterio para un reparto equitativo entre los distintos sectores sea la valoración objetiva de los daños causados por la pandemia en estos sectores, ponderando a su vez la contribución de los mismos a la economía nacional. Por ejemplo, el sector turístico es uno de los sectores más afectados (pérdida del 38,1% de puestos de trabajo) y que a su vez más ha contribuido en las últimas décadas a la economía nacional (12,3% PIB en 2019 - 4,3% PIB en 2020). En Canarias, por poner un ejemplo de la importancia que tiene el sector en términos de vertebración geográfica, demográfica, económica y social, estas cifras de contribución a la sociedad son muy notables, suponiendo el 35% del PIB y el 40% del empleo de la CC.AA. (2019).

Más allá de sectores, en general, soy de la opinión de que lo que se debe valorar son las iniciativas. Aquellas iniciativas encaminadas a generar más valor y riqueza en España deberían estar por delante en la recepción de ayudas. Medidas encaminadas a la digitalización y mejora de competitividad y eficiencia. Europa debe recuperar posiciones en esta carrera mundial. En concreto, en España, con un tejido empresarial muy variado, es esencial que las ayudas lleguen también a las pequeñas y medianas empresas, que están generando prácticamente el doble de empleo que las grandes compañías. Muchas, con grandes deficiencias en digitalización, factor a su vez clave para su propia supervivencia, y con ella, la de muchos empleos.

Para la gestión de los fondos, veo conveniente la creación de una agencia “independiente", que se ocupe de evaluar los proyectos y esté al margen de decisiones políticas. Es necesario tener mecanismos de evaluación e información claros, transparentes, que permitan medir sobre la marcha si se van logrando los objetivos gracias al uso de los fondos que se hayan empleado para cada medida concreta, así como también en términos globales los objetivos a nivel macroeconómico. Con el fin de lograr el mejor aprovechamiento de dichos fondos, es recomendable que los mismos sean destinados a aquellos proyectos e iniciativas que generen más valor para España. Para ello, se antoja fundamental la creación de un modelo de gobierno eficaz, transparente y con los controles debidos, que facilite la gestión gubernamental para garantizar una coordinación eficaz entre las distintas administraciones que conforman el Estado, respetando las competencias de éstas, pero asegurando un rol relevante también para el sector privado.

En general, pienso que sería recomendable poder disponer de un modelo de colaboración público-privado que funcione de forma coordinada. Éste podría conllevar la participación de una agencia u oficina de control independiente del Estado y del resto de actores, que se ocupara de seleccionar los proyectos e iniciativas con independencia, rigor y criterios objetivos de eficiencia y beneficio para España.