Sobre la posibilidad de limitar la compra de viviendas a extranjeros

Recientemente se ha vuelto a plantear en el Parlament Balear el debate sobre la posibilidad de vetar la compra de viviendas en la Comunidad Balear a extranjeros como medida para frenar el incremento de precios que viene afectando a la las islas yque se ha visto especialmente agravado en los últimos tiempos.

A pesar de que el asunto no es nuevo, la reciente decisión del gobierno de Canadá -que a principios de año aprobó una norma similar al prohibir la compra de casas a los extranjeros sin residencia permanente en el país-, ha vuelto a poner el asunto en el centro del debate político.

El argumento utilizado por el gobierno canadiense para sacar adelante la medida es que el mercado inmobiliario local se había visto afectado por numerosas operaciones especulativas a manos de inversores extranjeros, lo que ha supuesto para la población no sólo un incremento indiscriminado de los precios, sino un problema real de falta de vivienda. Argumento que ha sido utilizado también aquí por los grupos que defienden la adopción de una medida similar y que ponen el foco sobre el derecho de los residentes a acceder a una vivienda digna y frenar de este modo la especulación.

Sin embargo la propuesta planteada se enfrenta a varios escollos jurídicos. El primero de ellos deriva de la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea, ya que ésta aboga por la libre circulación de personas y capitales entre todos los países miembros. Derechos ambos expresamente recogidos tanto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como en su Carta de Derechos Fundamentales.

Por tanto, y siendo España uno de los países miembros, cualquier medida que se adopte debe respetar no sólo el principio de la libre circulación, sino también el de no discriminación por nacionalidad.

En este sentido, la jurisprudencia europea ha venido entendiendo que cualquier medida susceptible de beneficiar a ciudadanos de una determinada nacionalidad por el simple hecho de serlo, en perjuicio de ciudadanos de otras nacionalidades, podría ser considerada discriminatoria. Algo que sucedería de aprobarse una medida que vetase la venta de viviendas a ciudadanos de un tercer país, por el simple hecho de no tener la nacionalidad española.

De ahí que para compatibilizar la prohibición de la venta de vivienda a extranjeros con el derecho comunitario, no baste con justificar la necesidad de proteger un derecho básico de los españoles como es el derecho a la vivienda, sino que será necesario además acreditar que la limitación de derechos se basa en criterios objetivos –y no únicamente en la nacionalidad- y que además, la medida resulta indispensable para garantizar los objetivos perseguidos sin que exista ninguna otra alternativa menos restrictiva para ello. Ese será el primer objetivo del legislador.

Pero la complejidad de la medida va más allá. Porque la propuesta de vetar la venta de viviendas a extranjeros no sólo entra en conflicto con las normas europeas, sino también con algunos derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que además de justificar que no se trata de una medida discriminatoria, sea también necesario encontrar el encaje jurídico que permita conciliar esa limitación con los derechos reconocidos en la Constitución Española.

Nos referimos al derecho a la propiedad privada. Porque si bien es cierto que nuestra constitución reconoce el derecho fundamental a la vivienda, asumiendo los poderes públicos la obligación de protegerlo, no es menos cierto que también el derecho a la propiedad privada viene allí reconocido. Y que como tal, merece también ser protegido.

Por tanto, cualquier decisión que adopte el legislador deberá tener en cuenta la colisión entre ambos derechos. De forma que el legislador, a la hora de promulgar cualquier ley, debe tener en cuenta no sólo el derecho que quiere proteger –en este caso el derecho a la vivienda- sino también aquellos otros que se pudieran ver afectados. Porque como ha venido reconociendo en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, es obligación del legislador lograr el equilibrio en el ejercicio de todos los derechos protegidos y evitar la colisión entre ellos.

Finalmente existe un tercer escollo al que la propuesta deberá también hacer frente y es el relativo al reparto de competencias entre las diferentes Administraciones estatal y autonómica. Porque tanto el alcance como el contenido de la norma que se pretenda aprobar, se vería en todo caso limitado al ámbito competencial transferido al Govern Balear sin que en ningún caso quepa legislar sobre competencias que pudieran exceder del ámbito de aquéllas.

De ahí que la propuesta debatida por el Parlament hace unos días se limite, por el momento, a instar al gobierno central para que de forma conjunta con las instituciones europeas, se impulse una ley que contemple las medidas necesarias para poder proteger el derecho a la vivienda de los ciudadanos de las Illes Balears, entre ellas la de limitar la compra de vivienda a los residentes.

Como vemos se trata de un interesante debate que, al margen de ideologías políticas, pone de nuevo el acento en el conflicto entre derechos fundamentales que se produce cuando dos derechos reconocidos, en este caso el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, entran en colisión.

Monica Julve

Abogada de MONLEX

mjulve@monlexabogados.es