Verdades y mentiras sobre los pisos turísticos en Barcelona

Día sí día también aparecen noticias sobre las viviendas de uso turístico cuya finalidad es crear un estado de opinión contrario a esta modalidad de alojamiento. No pretendo convencerles de la conveniencia o no de las viviendas turísticas, lo que puedo dejar para otro artículo, sino aportar datos fehacientes sobre dicha actividad y desvirtuar las falsedades carentes de todo rigor que van circulando. Es relevante señalar que la situación de los pisos turísticos no es uniforme en España, siendo Cataluña pionera en su regulación y control.

Cataluña fue la primera región de Europa que reguló en el año 2012 las viviendas turísticas, llevando más de una década de ventaja a otras regiones de España que ahora han iniciado este proceso. La normativa catalana ha sido un ejemplo seguido por muchas regiones de Europa al facilitar que aflorasen miles de plazas de alojamiento que hasta ese momento constituían un claro ejemplo de economía sumergida y que actualmente disponen de la pertinente habilitación al cumplir con los requisitos técnicos y de calidad establecidos y las obligaciones fiscales pertinentes.

También Cataluña fue pionera en regular en el 2015, a través del Libro Quinto del Código Civil Catalán, la posibilidad de que las comunidades de propietarios pudieran adoptar acuerdos para prohibir el uso turístico en su finca, regulación anunciada ahora por el Gobierno central y que ya opera en Cataluña desde hace 10 años.

La proliferación de viviendas turísticas ha hecho que algunos municipios catalanes optasen, en virtud de sus competencias en ordenación urbanística, por aplicar prohibiciones a la apertura de nuevas viviendas turísticas. Este fue el caso de Barcelona, que en el año 2014 decidió prohibir la otorgación de nuevas habilitaciones, lo que aún sigue vigente. Pese a culparse a los pisos turísticos del incremento del precio de alquiler en Barcelona, pese a no abrirse más pisos turísticos desde el 2014 y retirarse del mercado 6000 ilegales, el precio del alquiler en la ciudad ha subido un 70%. Quizás la falta de políticas de vivienda pública responsables y eficientes, una demanda muy superior a la oferta, las medidas intervencionistas de la Ley de Vivienda, y la inexistente colaboración púbico-privada, son, entre otras, las causas de la precariedad de vivienda que padecemos.

Son 10.000 pisos turísticos legales los que hay en Barcelona, que representan apenas el 1% de todo el parque de viviendas de la ciudad. La oferta ilegal también es testimonial gracias al trabajo hecho por el anterior gobierno municipal, habiendo hoy aproximadamente unos 400 pisos ilegales en manos en su mayoría de mafias y muy lejos de los miles de ilegales que sin base científica alguna manifestó el ministro de consumo que había en Barcelona -lo que puede comprobar con la dirección de inspección del Ayuntamiento de Barcelona- y muy lejos de los que hay en el resto de España.

En Barcelona, epicentro de la polémica, la mayoría de las viviendas turísticas corresponden a pequeños propietarios. Particulares que complementan sus ingresos con lo que obtienen de este alquiler. Las 10.000 licencias de la ciudad se reparten entre 5.000 propietarios. Por tanto, la mayoría no son ni grandes tenedores, ni grandes fondos de inversión, ni especuladores, como se da en otros tipos de alojamiento tomados por fondos de inversión internacionales.

Los clientes de los pisos turísticos (estudio Universidad de Girona 2024) son en su mayoría familias que optan por este tipo de alojamiento más económico y flexible que otras opciones. Además, el 65% de su gasto en compras de productos y servicios lo realizan en las proximidades del alojamiento. Se trata de un perfil de cliente que, a partir del 2028, no podrá visitar Barcelona porque el Ayuntamiento, con las facultades que le otorga el Decreto-Ley 3/2023, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, aprobado por el gobierno de la Generalitat de Cataluña, ha acordado eliminar este sector económico derogando las licencias que un día se concedieron, con el pretexto de hacer frente a la crisis de vivienda. Hablamos de la eliminación de licencias, no de no renovación de las existentes, puesto que las habilitaciones que se otorgaron en su día no estaban sometidas a caducidad ni renovación alguna. Por ello, la decisión del Ayuntamiento de Barcelona es en sí misma la expropiación de un derecho previamente adquirido, cuya eliminación requiere el pago de la indemnización correspondiente, tal como prescribe la legislación. ¿Se imaginan ustedes que una administración decida sin base jurídica alguna eliminar las licencias de hoteles, bares o comercios no sometidas a caducidad?

Nada dice el ayuntamiento con relación a las casi 10.000 viviendas vacías que hay en la ciudad y que la inseguridad jurídica reinante hace que estén cerradas. Nada dice sobre las 27.000 viviendas destinadas a actividad económica ni sobre la posibilidad aún vigente de poder destinar una vivienda a un uso diferente del residencial: despachos profesionales, centros de idiomas, de estética, etc.

Nada dice el Ayuntamiento sobre cómo va a garantizar que las viviendas turísticas, pertenecientes a un sector que está regulado, ordenado y es contributivo en actividad económica y pago de impuestos, pasen a viviendas residenciales, pues, hasta hoy, la propiedad privada está protegida, los titulares de los inmuebles son libres de decidir el uso de su vivienda: ya sea a actividades económicas, arrendamientos de temporada o venderlo si así lo deciden. Por tanto, en ningún caso esos 10.000 pisos turísticos van a pasar al mercado residencial y, en cambio, sí provocará un paso atrás con el resurgimiento de una oferta ilegal que la ciudad había conseguido prácticamente erradicar, porque seguirá habiendo demanda de alojamiento turístico. Véase el caso de Nueva York.

Las viviendas turísticas legales suponen actualmente el 40% de la oferta de alojamiento turístico de Barcelona, por lo que su desaparición no solo afectará al público familiar, sino también imposibilitaría acoger a los asistentes de las grandes ferias y eventos de prestigio internacional que Barcelona ya tiene y a los que aspira. Las viviendas turísticas de Barcelona acogen un gran número de asistentes a grandes ferias, delegaciones de empresas que optan por alojarse en este tipo de alojamiento por comodidad, o para evitar tener que pagar los precios de los hoteles, precios que con la eliminación de las viviendas turísticas y de la competencia, se incrementarán sustancialmente y no estarán al alcance de muchos de los asistentes a este tipo de eventos.

Las viviendas de uso turístico legales pagan 160 millones de euros anuales en impuestos a las administraciones, lo que equivale a todo el presupuesto actual de vivienda y urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, además de generar 5.000 empleos directos. Es mucho lo que perdería la ciudad, además del detrimento de su imagen por la inseguridad jurídica que denotan decisiones arbitrarias carentes de base legal.

Esperamos que la llegada a la Generalitat del Sr. Salvador Illa y su ambicioso y necesario plan de vivienda ponga un poco de orden y sentido en la ejecución de medidas desde el sector público que efectivamente contribuyan al acceso a la vivienda. Desde aquí le tendemos la mano.

Marian Muro, directora general de Apartur