La importancia de la gestión e investigación en el nuevo Canal de Denuncias

La entrada en vigor de la Ley 2/2023 de Protección del Informante ha supuesto un antes y un después en la forma en que las empresas, incluidas las del sector turístico, gestionan las denuncias internas y cumplen con las obligaciones de transparencia y buen gobierno.

En este contexto, la correcta gestión del canal de denuncias y la función de investigación interna juegan un papel fundamental no solo para garantizar el cumplimiento normativo, sino también para proteger a los informantes y preservar la reputación empresarial.

El Canal de Denuncias: un pilar del Cumplimiento Corporativo

La Ley 2/2023 establece la obligación de contar con un sistema interno de información, es decir, un canal de denuncias que permita a empleados, colaboradores y terceros informar sobre posibles infracciones normativas. Este canal debe garantizar confidencialidad, anonimato y la prohibición de represalias contra los denunciantes, elementos clave para fomentar su uso efectivo.

Las empresas turísticas, al estar altamente expuestas a cuestiones de cumplimiento normativo relacionadas con la protección de datos, la contratación pública, la competencia y la sostenibilidad, deben ver el canal de denuncias no solo como una obligación legal, sino como una herramienta estratégica de detección temprana de riesgos.

Sin una gestión eficaz del canal, la normativa pierde su propósito, ya que de nada sirve contar con un sistema si este no es accesible, seguro y gestionado con garantías de imparcialidad. De ahí la importancia de definir procedimientos claros de recepción, análisis y seguimiento de denuncias, asegurando que cada caso se aborde con la debida diligencia.

La función de investigación: clave en la Gestión de Denuncias

Una denuncia no finaliza con su recepción; al contrario, es el inicio de un proceso de investigación que debe llevarse a cabo con rigurosidad y objetividad. La correcta gestión de la investigación interna dentro del canal de denuncias es un aspecto crítico que marca la diferencia entre un sistema eficaz y uno meramente formal.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), creada por el Real Decreto 1101/2024, tiene entre sus funciones supervisar el cumplimiento de la normativa y sancionar a las empresas que no cumplan con sus obligaciones. Esto refuerza la necesidad de que las empresas turísticas cuenten con protocolos de investigación bien estructurados, que permitan evaluar las denuncias de manera objetiva y garantizar el derecho a la defensa de todas las partes implicadas.

Una investigación bien gestionada debe contar con los siguientes elementos esenciales:

- Equipo especializado e imparcial: La designación de un responsable del sistema de información o la externalización de la gestión a expertos independientes puede aportar mayores garantías de imparcialidad y profesionalidad.

- Procedimientos estandarizados: Se debe establecer un proceso claro desde la recepción de la denuncia hasta su resolución, con plazos definidos y medidas de protección para el denunciante.

- Registro y trazabilidad: Cada denuncia debe documentarse adecuadamente, asegurando su trazabilidad y la adopción de medidas correctivas cuando sea necesario.

- Evaluación de riesgos y medidas preventivas: Más allá de la sanción o resolución de cada caso individual, las empresas deben utilizar la información recabada en el canal para identificar tendencias y prevenir futuras infracciones.

El rol de la Alta Dirección y la cultura de Cumplimiento

Uno de los desafíos más importantes en la implementación efectiva del canal de denuncias en el sector turístico es la necesidad de implicación de la alta dirección. Sin un compromiso claro desde la gerencia y los órganos de gobierno de las empresas, el canal corre el riesgo de convertirse en un mecanismo ineficaz.

Además, las empresas deben trabajar en la formación y sensibilización de sus empleados para fomentar la confianza en el sistema y garantizar que los trabajadores comprendan que el canal de denuncias es una herramienta para la protección de la integridad corporativa y no un mecanismo de represalia o conflicto interno.

Conclusión

La gestión eficaz del canal de denuncias y la función de investigación interna son factores clave para que las empresas turísticas cumplan con la Ley 2/2023 y eviten sanciones de la AIPI. Pero más allá del cumplimiento normativo, contar con un sistema de denuncias bien estructurado permite a las empresas anticiparse a riesgos, fortalecer su cultura ética y consolidar la confianza de sus empleados, clientes y socios.

El canal de denuncias no debe verse como una obligación impuesta, sino como un instrumento de mejora y protección corporativa, que bien gestionado, aporta transparencia y valor a la empresa. En un sector como el turístico, donde la confianza es un pilar fundamental, su correcta implementación es una ventaja competitiva que no se puede pasar por alto…

Guillermo Caro

Abogado MONLEX

gcaro@monlexabogados.es