Grupos ecologistas solicitan parar la reforma de la Ley de Costas

El 10 de septiembre concluye el plazo de alegaciones de la nueva Ley de protección y uso sostenible del litoral y la plataforma en defensa de la Ley de Costas, “No a nuestra costa”, advierte que favorece los intereses privados en detrimento del bien público mediante la modificación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del plazo de las concesiones. (www.noanuestracosta.org)
 
Formada por más de 200 organizaciones de diversa índole, “No a nuestra Costa” exponía en su formación 10 razones por las que había que defender la Ley de Costas, ya que esta ley aprobada en 1988 y vigente en la actualidad, garantiza la protección ambiental y uso público de la costa.

De manera que defender nuestras playas, calas, dunas, acantilados, marismas y rías es proteger un bien común, para las generaciones presentes y para las futuras.
 
Sin embargo, a pesar de la validez de la Ley de Costas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, a través de Arias Cañete, presentó en julio el borrador del anteproyecto de modificación de la Ley de Costas que fue aprobado en Consejo de Ministros.

El contenido del documento no fue expuesto con anterioridad a las principales asociaciones ecologistas del país, tal y como prometió el ministro, y viene rodeado de una falta de participación y oscurantismo destacables.
 
Así, la reforma de la Ley de Costas, que pasaría a llamarse Ley de protección y uso sostenible del litoral supondría postergar el problema de la ocupación privada de la costa a generaciones futuras, ya que la ampliación de concesión de DPMT a 75 años, heredables y con la posibilidad de compra-venta es regalar terrenos públicos a manos privadas.

Además, y de forma grave, ignora totalmente los impactos previsibles del cambio climático sobre el litoral, ya que desprotege grandes tramos de litoral cantábrico y atlántico al reducir de 100 a 20 metros la franja de servidumbre de protección en las rías, y declarar suelo urbano zonas del frente litoral que también reducirían la servidumbre de protección a 20 metros en estos tramos.
 
Además, la Plataforma considera que mientras que se excluyen del DPMT diez núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera, sin ningún tipo de criterio medio ambiental ni científico, se excluyen de este dominio ecosistemas sumamente importantes para el equilibrio de la costa, como son las marismas mediterráneas, salinas, esteros, ciertas zonas inundables y dunas que no estén en movimiento, perdiendo así la franja de 100 metros de servidumbre de protección asociada a ellos.

En muchas franjas del litoral, existen sistemas dunares situados más de 100 metros de la costa o playa y no están en primera línea del mar y por tanto, no juegan un  papel en la defensa o la estabilidad de la playa. Sin embargo, afectan la dinámica litoral de la costa y además son ecosistemas importantes que albergan flora y fauna especialmente adaptada a estos ambientes.
 
Finalmente, en un escenario de crisis, donde los servicios públicos van en detrimento, esta reforma supondría la pérdida del dinero público invertido todos estos años en la delimitación, recuperación y conservación del DPMT que ahora se desprotege.

Y por si esto fuera poco, implica aumentar el gasto de dinero público en nuevos deslindes e indemnizaciones de quienes en su momento sí acataron la Ley.
 
La Plataforma No a nuestra costa, en defensa de la Ley de Costas, alerta de la gravedad de esta modificación y pide al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente que deseche este anteproyecto.

El contenido del texto, más que pretender conciliar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente, y dar una mayor seguridad jurídica, según palabras de Arias Cañete, parece encaminado a privatizar la costa, y hecho a la carta según intereses de particulares que han ido acumulando todos estos años terrenos en la costa.