EEUU, Costa Rica, Tailandia y Camboya colaboran para acabar con el turismo sexual infantil

Los gobiernos de Estados Unidos, Costa Rica, Tailandia y Camboya, en cooperación con la ONG World Vision, han lanzado un proyecto conjunto para acabar con el turismo sexual infantil, cuya principal medida es advertir a los norteamericanos culpables de abuso a menores de que serán inmediatamente extraditados a su país para su procesamiento. Cerca de dos millones de menores --en algunos casos de hasta cinco años de edad-- son utilizados por las redes de tráfico sexual, a veces en condiciones de "esclavitud", según recuerdan los responsables de esta iniciativa, financiada por Washington con 500.000 dólares (400.000 euros). Según informa el Departamento de Estado, los 'turistas' proceden esencialmente de Estados Unidos, Europa y Canadá, y se amparan en el anonimato e impunidad de que pueden gozar en los países en desarrollo, la disponibilidad de los menores y la debilidad y corrupción de los sistemas judiciales. Por esta razón, la campaña se centrará en informar a los turistas sobre la extradición inmediata de los estadounidenses detenidos por esta causa. Así, en los aeropuertos de Costa Rica, Tailandia y Camboya se colocarán carteles con el lema: "Si abusas de un niño en este país, irás a la cárcel en el tuyo". World Vision elaborará además una serie de anuncios similares a este para su emisión en los canales de los aeropuertos, cuya audiencia estimada es de unos 700 millones de personas en todo el mundo, así como en los medios de comunicación e incluso los mapas turísticos, para dejar claro que los ciudadanos estadounidenses son susceptibles de procesamiento por estos delitos. "Este es el comienzo de una lucha abolicionista", apuntó en rueda de prensa el director de la Oficina de Seguimiento y Lucha contra el Tráfico de Personas del Departamento norteamericano de Estado, John Miller, advirtiendo de que "miles de personas" en todo el mundo se están movilizando como "agentes para un cambio positivo". La Ley de Protección de Menores de 2003 concede a la Justicia estadounidense competencias ampliadas para perseguir a los "depredadores sexuales" fuera de las fronteras nacionales, y prevé penas de hasta 30 años de cárcel para este tipo de delitos independientemente del país en el que se cometieron. La ministra costarricense de Asuntos de la Infancia, Rosalía Gil, explicó durante la presentación oficial del pasado martes que su Gobierno está trabajando para promover una industria turística "productiva y no contaminante" desde el punto de vista social y medioambiental. Tras constatar que su país aparece en al menos treinta webs en las que 'turistas sexuales' intercambian recomendaciones, recordó que Costa Rica fue uno de los primeros países en adoptar un código ético para el sector turístico que establece programas de formación y concienciación para el personal hotelero e incluso para los taxistas.