Turismo de Baleares exige a los ayuntamientos que tomen medidas contra las 120.000 plazas alegales

La Conselleria de Turismo de Baleares reconoce que la lucha contra la oferta alegal es uno de sus principales objetivos en esta legislatura. El camino, de todos modos, no resulta fácil. Y el director general de Planificación y Ordenación Turística, Josep Aloy, insiste que necesita la «colaboración de los ayuntamientos y del Consell Insular de Mallorca, encargados de definir el uso del suelo». El uso del suelo, clave para luchar contra la oferta alegal, se recoge a través de planeamientos urbanísticos, luego a través de las DOT (Directrices de Ordenación Territorial) y el Plan Territorial de Mallorca, a punto de aprobarse por el Govern y UM. No es la única misión que va a llevar a cabo la Dirección General que capitanea Josep Aloy. También se produce un tipo de comercialización de apartamentos y viviendas alegales, «que carecen de un marco al que se le puede acoger cualquier normativa». El principal objetivo para este próximo invierno será la regularización de las viviendas vacacionales, esto es, las viviendas unifamiliares. Todas estas medidas forman parte de un plan de la Conselleria de Turismo «para desarrollar la Ley General Turística en todos los ámbitos», resaltó Aloy. El director general de Planificación y Ordenación Turística tiene claro que a los alojamientos turísticos que no son legales, «habría que darles un marco jurídico para que se hicieran legales, para que de forma voluntaria se englobasen dentro de un marco jurídico estable», explicó Aloy, quien también resaltó que en Mallorca hay muchas edificaciones en suelo rústico construidas en terrenos que tienen menos de 14.000 metros cuadrados, que es la cantidad mínima exigida para edificar en suelo rústico. Y es que según estudios elaborados por la Conselleria de Turismo durante la etapa del conseller Celestí Alomar, más del 40% de las oferta de alojamientos turísticos en Baleares resulta alegal. Actualmente la oferta turística legal asciende a 405.834 plazas, mientras que el número de plazas alegales asciende a una cantidad de 120.000 plazas. Josep Aloy también resaltó que existen tres requisitos para que un alojamiento sea considerado turístico: la propia comercialización turística, que exista rotación de clientes y que exista alojamiento y servicios. Por ejemplo, en las zonas de Pollença y Cala D'Or se encuentran registradas 1.500 viviendas vacacionales que se pueden legalizar cuando se aplique la ley. La intención es mostrar cuanto antes el borrador a los diferentes representantes del sector. «Me gustaría que todos los implicados pudieran valorar el texto y que todos aporten sus matices y opiniones», remarcó Aloy. Turismo también va a intentar que en la próxima temporada turística o, a lo más tardar en la siguiente, quede fijado un marco jurídico fijo que sirva para controlar toda la oferta turística alegal. Este control que quiere ejecutar el Govern no tendrá repercusión ni en Ibiza ni en Menorca, ya que los Consells Insulares de estas dos Islas tienen competencias en este asunto, del que carece el Consell Insular de Mallorca. El principal problema radica, según afirmó a este periódico el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Pere Cañellas, que resultaba «muy difícil» definir como alegal este tipo de oferta, «ya que muchos propietarios se ven amparados por el Código Civil o la Ley de Arrendamientos Urbanos». A juicio de Cañellas, uno de los principales problemas radica en que «todo apartamento o inmueble es susceptible de ser arrendado». Esta ley de hierro que prepara la Conselleria de Turismo también se complementará con la agilización de los trámites administrativos para agilizar las licencias de actividades turísticas con el fin de descongestionar toda la burocracia. «No se puede permitir que se tarde tanto tiempo en dar permiso a una licencia», concluyó Aloy. (A.R., diario El Mundo-El Día de Baleares, 06 /10/03)