Fetave solicita al presidente del Gobierno una Comisión Delegada para el Turismo
La asociación pone en valor uno de los principales motores económicos del país como es el turismo que representa el 12% del PIB y el 13% del empleo 20 febrero, 2020 (11:28:10)La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave), tras la reunión de Conestur con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Fitur, ha solicitado al presidente español la creación de una Comisión Delegada del Gobierno o de una Comisión Interministerial para el Turismo para potenciar la actividad turística.
En relación con lo anterior, el sector turístico representa aproximadamente el 12% del PIB y el 13% del empleo en España, y como las competencias que confluyen sobre él por su transversalidad corresponden a una pluralidad de Ministerios (Transportes, Interior, Transición Ecológica, Sanidad, Exteriores, Trabajo…), Fetave solicita la creación de un órgano de coordinación y colaboración interadministrativa, preferiblemente una Comisión Delegada del Gobierno donde estén representados los Ministerios con competencias relevantes para la actividad turística, o una Comisión Interministerial.
Además, la asociación ha solicitado la modificación de la garantía solidaria entre organizadores y minoristas del Real Decreto Ley de 27 de diciembre de 2018 referente a Viajes Combinados y Servicios de viajes vinculados porque, sin ser obligación derivada de la Directiva UE 2015/2302, sino una decisión nacional, no representa ninguna protección adicional para el viajero, y sí un incremento de costes de unos 165 millones de euros anuales que acabará repercutiendo sobre el viajero, con un beneficio de más de 45 millones para las aseguradoras por imposición legal ya que el importe de esas primas carece de riesgo adicional cubierto. Hay que mencionar que este sistema de garantía solidaria no tiene equivalente en ningún otro sector económico produciendo situaciones sin sentido como que una pequeña agencia deba asegurar solidariamente los viajes organizados por un gran turoperador.
Por ello, desde Fetave han propuesto al presidente y a los ministros competentes, que esa garantía solidaria sea sustituida por la obligada legalmente por la Directiva UE 2015/2302 junto a la del minorista en lo que concierne a sus responsabilidades en la comercialización, lo que creemos que es más efectivo en términos de protección del viajero, más eficiente económicamente, y por supuesto, más justo.
En opinión de Fetave, la crisis de Thomas Cook ha demostrado que los países como el Reino Unido, que tenían un sistema de garantías como el que propugnamos, han protegido más eficientemente a los viajeros que el de aquellos otros países con sistemas más próximos al del Real Decreto Ley español; y advierte que, de no modificarse el actual marco de garantía solidaria, ante una crisis similar de un operador español, como fueron en el pasado los casos de dos grandes grupos turísticos, se volverían a repetir situaciones similares a las de entonces de falta efectiva de protección a los viajeros, si bien con menor amplitud de la de entonces.
Armonización de la normativa turística
Por último, Fetave, consciente del reparto competencial y que la regulación turística es competencia de las Comunidades Autónomas, solicita que, a través de la Conferencia Sectorial, desde Administración General del Estado se promueva un consenso entre las comunidades autónomas para lograr una armonización regulatoria en aspectos tales como garantías de los viajeros en viajes combinados y servicios de viajes vinculados, requisitos para las agencias de viajes, clasificación hotelera, regulación de plataformas digitales para que su actividad se desarrolle en igualdad de condiciones que las del resto de empresas en esos sectores donde operen estas, cargas administrativas, etc…
En definitiva, en todo aquello en que una regulación diferenciada produzca de forma razonablemente evidente una segmentación del mercado interior español en 17 mercados con regulaciones diferentes, e incluso a veces contradictorias con perjuicio para la actividad turística y para la economía general, de forma que, de no alcanzarse un consenso, pudiera llegarse a una normativa de armonización desde la Administración Central en base a la legislación de unidad de mercado.