Brasil elimina requisito de visado a empleados de cruceros
Publicada 30/05/17
A partir de la reglamentación de la Ley de Migración en Brasil, publicada el jueves pasado en el Diario Oficial de la Unión, los funcionarios que se desempeñen en los navíos de pasajeros que circulen por Brasil no precisarán más visados para ejercer su actividad. El fin de esta exigencia, un viejo reclamo del sector, representará un ahorro de hasta US$ 150.000 en costos a cada barco.
En la última temporada, entre cruceros de cabotaje, en circuitos regionales y en viajes largos, 37 embarcaciones diferentes pasaron por puertos brasileños. El gobierno acaba de eliminar uno de los requisitos que desde el sector empresarial se reclamaba como una traba burocrática además de un costo económico.
De acuerdo a la principal entidad representativa del sector, Clia-Abremar, la medida ayudará al país a captar más cruceros y, consecuentemente, ofrecer más opciones a los turistas brasileños y extranjeros que quieren hacer un viaje embarcados por las costas de Brasil y el Atlántico Sur.
El ministro de Turismo, Marx Beltrão, comentó los beneficios de la medida. “Esta ley permitirá la desburocratización del sector, atrayendo más cruceros a nuestro país y generando más empleo e ingresos para Brasil”, afirmó.
Marco Ferraz, presidente de Clia-Abremar, también celebró la aprobación de la nueva normativa. “Era una demanda antigua del sector, y disminuirá mucho la burocracia. Es un obstáculo más que, con la ayuda fundamental del Ministerio de Turismo, conseguimos superar para estimular el sector de los cruceros marítimos”.
Antes de la aprobación de la ley de migración, que sustituye al Estatuto del Extranjero de 1980, todos los tripulantes internacionales que trabajan embarcados debían pagar tasas consulares y al Ministerio de Trabajo. El fin de esta exigencia simplifica los trámites a los armadores y reducirá los costos, facilitando la operativa de los cruceros.
La Ley de Migración define los derechos y deberes de los inmigrantes y visitantes en Brasil, regula la entrada y permanencia de extranjeros, y establece normas de protección al brasileño en el exterior. La nueva ley deberá ser reglamentada en seis meses, pasando por los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Trabajo.
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