Gobierno boliviano demanda a LaMia luego de tragedia

El ministro Milton Claros explicó que se abrió una investigación para establecer la existencia o no de vínculos entre funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la empresa aérea LaMia. "Llama la atención la relación entre servidores públicos y la empresa", señaló el ministro, luego de que las autoridades aeronáuticas y aeroportuarias fueran separadas de sus cargos.

Según medios locales, el director general de LaMia, Gustavo Vargas Gamboa, es el padre del director del registro aeronáutico nacional de la DGAC, Gustavo Vargas Villegas, suspendido junto a todos los cargos del organismo desde el jueves.

El ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo en una conferencia de prensa que le llama "poderosamente la atención" que "sea el hijo del general Vargas (el director general de Lamia) el responsable de otorgar las licencias" y se preguntó si hubo tráfico de influencias.

“Como Gobierno nos estamos querellando en contra de la empresa LaMía y en contra de los funcionarios y el director de la DGAC, porque esa es nuestra obligación. Nosotros no vamos a encubrir a ningún funcionario y tampoco vamos a permitir que se incumpla la reglamentación”, indicó Claros.

En esa investigación también se indaga a los socios, directores y los capitales con los que cuenta la compañía, que estaba dedicada a prestar servicios chárter. Asimismo, se averigua si se cumplieron los protocolos establecidos para el plan de vuelo.

Milton Claros, ministro de Obras Públicas de Bolivia.

"Es tema penal, se han sacrificado más de 70 vidas por inacción e incumplimiento de norma", afirmó Claros.

Plan de vuelo

Por su parte, una funcionaria boliviana de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) fue denunciada por la Fiscalía por no reportar a tiempo sus observaciones al plan de vuelo de LaMia que se estrelló cerca de Medellín.

Según el diario La Razón, la funcionaria informó un día después del accidente, el 29 de noviembre, que la autonomía de vuelo del avión era igual al trayecto y solo estaba indicado un aeropuerto alternativo de aterrizaje y no dos, como marca la normativa.

Esta circunstancia alimentaría la hipótesis de que la falta de combustible sería la causa del accidente del avión que trasladaba al Chapecoense desde Santa Cruz (Bolivia) a Medellín (Colombia) para la disputa de la final de la Copa Sudamericana de fútbol.

El Gobierno boliviano anunció con anterioridad que se va a investigar a AASANA, el organismo encargado de supervisar los planes de vuelo, y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (CGAC), que es la encargada de la supervisión técnica de las aeronaves.

El Chapecoense recibió homenajes en todo el mundo.

Se estableció un plazo de diez días para tener los resultados de la investigación interna en los procedimientos que siguió la DGAC para entregar el certificado de explotación aérea a favor de LaMia.

“Las operaciones aéreas son seguras en Bolivia, han sido seguras antes y van a seguir siendo seguras. Nosotros, a través de la Organización de Aviación Internacional Civil (OACI), por sus siglas en inglés) recibimos auditorías permanentes. En octubre hubo certificación de aeropuertos y las aerolíneas que llegan a Bolivia tienen la información. No se debe crear una sicosis”, afirmó Bonifaz.

Sobre la incursión de LaMia en Bolivia, Claros destacó que la aerolínea tiene todos los papeles en regla para operar en el país y que la aeronave RJ85 era alquilada al empresario venezolano Ricardo Albacete, quien radica en España.

“Se cumplieron las cinco etapas para operar en Bolivia. Son procedimientos que deben ser cumplidos a cabalidad y entendemos que DGAC hizo cumplirlos en el caso de LaMia”.