Aeronáutica boliviana aprobó vuelo LaMia 3 días antes de accidente

El documento está fechado el 25 de noviembre y lleva el membrete de la DGAC, el organismo que se encarga de la supervisión técnica de las aeronaves, y la firma de uno de sus funcionarios, Christian Durán León, como responsable de ingresos, salidas y sobrevuelos.

Según este documento, la nave, que se estrelló dejando 71 muertos, entre ellos la mayor parte de la plantilla del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, contaba con la autorización de la DGAC para realizar operaciones desde el 27 al 2 de diciembre de 2016.

La autorización señala que el peso permitido es de 41.800 kilos y que la nave podía ser pilotada por los capitanes Miguel Alejandro Quiroga Murakami y Marco Antonio Rocha Venegas, siendo el primero el piloto que falleció en la catástrofe en Colombia.

Además, indica que la nave cuenta con la autorización para tener múltiples operaciones de entrada y salida de Bolivia y sus destinos pueden ser los aeropuertos brasileños de San Pablo, Río de Janeiro, Foz de Iguazú y Chapeco y los colombianos Rionegro y Bogotá.

El documento, según el matutino, fue enviado a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Aeronavegación (Aasana), la institución que aprueba los planes de vuelo.

El Gobierno de Bolivia ha culpado a la aerolínea Lamia y a su piloto de los hechos y pidió iniciar querellas criminales contra la empresa y la exfuncionaria de Aasana, Celia Castedo, quien estuvo a cargo de revisar el plan de vuelo de la nave, pero que ha rechazado ser la responsable de haber autorizado el vuelo de la aeronave.

El abogado de Castedo, Guido Colque, dijo en las últimas horas a los medios que este documento mostraría que las autoridades aeronáuticas de Bolivia fueron las que autorizaron las operaciones y su cliente quedaría exenta de responsabilidad.

Castedo, que se encuentra refugiada en Brasil, dijo hace unos días a la prensa que en ningún momento se ha sentido responsable del accidente porque no es una autoridad.

La exfuncionaria ha defendido que cumplió con haber expuesto unos cuestionamientos sobre el plan de vuelo, en particular sobre la autonomía de vuelo y el combustible necesario para el trayecto hasta Medellín, pero la aeronave partió igual desde Bolivia.

La Fiscalía boliviana imputa a la exfuncionaria por los supuestos delitos de incumplimiento de funciones, uso indebido de influencias, desastres en medio de transporte, homicidio, homicidio culposo, lesiones gravísimas y lesiones culposas y anunció esta semana que realiza acciones para solicitar su extradición desde Brasil.

El agotamiento de combustible fue la causa del accidente del avión de la empresa Lamia, según el informe preliminar de la Aeronáutica Civil colombiana acerca del siniestro.