Concesión de aeropuerto de México DF enfrenta a Estado y empresa

"Los espacios del aeropuerto son bienes de dominio público de la Nación y a la conclusión del contrato están de nueva cuenta en posesión del AICM, quien es el concesionario del aeropuerto, los terrenos y construcciones que lo integran, y actualmente el único facultado para arrendar los espacios comerciales", afirmó el aeropuerto en un comunicado.

Señaló que a partir del 1° de enero el AICM "ha celebrado contratos con los arrendatarios y continuará la formalización de los mismos con quienes aún no regularizan su situación".

Añadió que los servicios necesarios para la debida atención de los pasajeros "se prestan con toda normalidad".

Por su parte, Fumisa emitió un comunicado en el que reiteró a sus subarrendatarios en el AICM que "los acercamientos de que han sido objeto por parte de los funcionarios de dicho aeropuerto conminándolos a firmar contratos de arrendamiento con ellos a partir de enero de 2014 carecen de sustento legal y de firmarse se estaría contraviniendo una órden judicial vigente".

Fumisa, que forma parte del grupo estadounidense Advent International, amplió el área internacional de la Terminal 1 del aeropuerto a través de un contrato que permite a la empresa subarrendar espacios comerciales para recuperar su inversión. Las obras se iniciaron en 1991 y concluyeron en 2005.

El contrato también establece que de no alcanzarse la tasa interna de retorno acordada de 12,82 % al 31 de diciembre de 2013, "se ampliaría el plazo" de vigencia del contrato, explicó a Efe el director de Fumisa, Ruffo Pérez Pliego, en una entrevista telefónica.

"Fumisa y AICM tuvieron diferencias en cuanto a interpretación y metodologías de cálculo de retorno, y como resultado de estas diferencias se siguió un litigio en tribunales", detalló el ejecutivo, quien aseguró que ya existe "una sentencia judicial en la que se estipula que se amplía el periodo de concesión".

Igualmente, afirmó, "esta tasa ha sido validada por cuatro instancias judiciales" por lo cual, a su juicio, "sería necesario extender el control de los espacios (comerciales) por al menos otros diez años".

Inversión de US$ 375 millones

De acuerdo con Pérez Pliego, la inversión original fue de 1.200 millones de pesos pero en cifras actualizadas el monto rondaría los 4.900 millones de pesos (US$ 375 millones).

"Si la tasa interna de retorno era mayor a una tasa objetivo acordada por las partes, el contrato de arrendamiento vencería y Fumisa tendría que pagar ciertos excedentes al aeropuerto. Por el contrario, si era menor a la tasa objetivo, el contrato de arrendamiento seguiría su vigencia hasta alcanzar dicha rentabilidad", argumentó.

El directivo explicó que hasta fines de 2011 "la tasa estaba por debajo del 5% debido a que, en los primeros años de operación, en plena crisis económica de 1994, los flujos de la compañía fueron negativos".

Mencionó igualmente otros factores que incidieron negativamente como la pandemia de influenza AH1N1, la salida del mercado de Mexicana de Aviación, así como la construcción de la Terminal 2.

Lo que pretende ahora el aeropuerto, dijo, "es desconocer las cláusulas del contrato", además de que "no ha buscado un acercamiento con la empresa y es por eso que se está llevando todo en tribunales".

"Si el AICM termina el contrato se violaría la última resolución judicial emitida el 15 de abril de 2013 por el Juzgado Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, la cual ya fue apelada una ocasión sin éxito, que decreta provisionalmente que las cosas se mantengan en el estado actual", dijo el ejecutivo.

En un nuevo comunicado la compañía aseveró que su contrato con el AICM está vigente "y surtiendo plenos efectos legales".

"Fumisa hace un llamado al AICM a respetar el Estado de derecho y las decisiones judiciales vigentes. Asimismo, Fumisa considerará todos los medios legales a su disposición para hacer valer sus derechos contractuales y las resoluciones judiciales vigentes", acotó.