Una mujer tuvo que alquilar su propio departamento en Airbnb para recuperarlo

En un comunicado, Airbnb afirma que está "investigando este caso activamente" y pide "a todos los anfitriones que certifiquen que tienen permiso para anunciar su alojamiento y -afirma-les recordamos que comprueben y sigan las leyes locales antes de subir su anuncio y a lo largo del año".

La plataforma, que ha sido multada con 600.000 euros por el Ayuntamiento de Barcelona por anunciar pisos que no tienen licencia, recuerda que "estas cláusulas están muy claras en nuestros términos de servicio y en nuestra página sobre ser anfitriones responsables".

"Hasta la fecha se han producido más de 180 millones de llegadas de huéspedes a través de Airbnb. Estos incidentes aislados son raros y tomamos las acciones necesarias ante cualquier incidencia que llega ante nuestro conocimiento", añade el comunicado de la plataforma.

Airbnb asegura que "cuando recibimos notificaciones de incidentes, facilitamos un proceso para hacerlas llegar a los anfitriones" y resalta que "para ayudar a que nuestra comunidad esté basada en la confianza y la seguridad, hemos publicado nuestros estándares y expectativas, a los que nuestro anfitriones y huéspedes deben adherirse".

Posible organización

El problema de Montse Pérez comenzó el 12 de mayo cuando ella y su marido alquilaron a un ciudadano de 26 años con doble nacionalidad chilena y rusa el piso, situado en el número 129 de la calle del Mar de Barcelona, en el popular y ahora turístico barrio de la Barceloneta.

El contrato de alquiler fue de 950 euros mensuales y en sus cláusulas se hacía constar que el inquilino no podía realquilarlo ni hacer un uso turístico, después de asegurarse que el joven, que dijo que había sido trasladado de Londres a Barcelona para trabajar como asesor financiero, era solvente -mostró una nómina de 3.000 libras esterlinas al mes-.

Una vez firmado el contrato, cuando la propietaria intentó contactar con el inquilino para hacer el cambio de nombre de los suministros ya no lo localizó, por lo que acudió a la vivienda y comprobó que ésta estaba abierta y había sábanas encima de la cama, ha relatado a Efe su hija.

Los vecinos le comentaron que del piso entraba y salía gente con maletas y que estaba siendo usado como piso turístico. Fue entonces cuando la familia descubrió que el piso que habían arrendado al chileno-ruso aparecía anunciado en la plataforma de viviendas turísticas Airbnb al precio de 200 euros la noche -6.000 euros al mes-.

Montse Pérez y su hija Thais Franco descubrieron así lo que creen que es una posible organización que se dedica a alquilar pisos en Barcelona para después realquilarlos a turistas a través de la plataforma Airbnb, que no comprueba la titularidad de la vivienda, y obtener pingües beneficios.

Fue en aquel momento cuando decidieron reservar su propio piso y el primer día que estaba libre era ayer, tal como adelantó La Vanguardia.

Montse Pérez y Thais Franco han recuperado de esta manera su vivienda, y, aunque desconocen las consecuencias legales, han cambiado la cerradura del piso.

Otro caso más

Poco después se conocía otro caso de un afectado por el realquiler de su piso por parte del inquilino. En este caso Josep Maria, propietario de una vivienda en Sarrià, denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona lo quiere multar con 30.000 euros porque el arrendatario ha anunciado su piso en la plataforma.

En declaraciones a Rac1 recogidas por La Vanguardia ha explicado que “el Ayuntamiento abrió una incidencia: llevamos el contrato de alquiler y los recibos, pero lo desestimaron y me abrieron expediente. Ahora estoy totalmente indefenso”.

“El problema es que el propietario es responsable solidario con el inquilino. Ha sido imposible hablar con el abogado del Ayuntamiento”, se lamenta Josep Maria. El propietario ha enviado un burofax al inquilino pidiéndole que “deje de realizar esta actividad” y que “quede constancia” ante el Ayuntamiento. “El abogado me ha dicho que lo más seguro es que tendré que ir a juicio una vez acabada la vía administrativa”, se añade.