Uber analiza plan de regulación en Costa Rica

"Revisaremos con atención la propuesta que proviene de las mesas de diálogo del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) con un grupo de interés del sector taxista, esperando que contenga un marco de regulación moderno, innovador, inclusivo y diferenciado", declaró en un comunicado el gerente general de Uber Centroamérica, Andrés Echandi.

El representante de la compañía comentó que a Uber no se le permitió participar en la construcción de la iniciativa de ley presentada por el Gobierno al Congreso, pero que espera contribuir.

"Nos ponemos a las órdenes de la Asamblea Legislativa para contribuir con la experiencia adquirida por la participación en más de 132 procesos de construcción de regulación alrededor del mundo, donde ha sido posible regular de forma diferenciada e innovadora estos nuevos modelos de negocio", concluyó Echandi.

El proyecto de ley establece el impuesto de valor agregado del 13% y además el tributo sobre las remesas al exterior que es del 8,5% por ciento.

La iniciativa de ley también obliga a las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), como es el caso de Uber, a aportar un 3% del precio cobrado al usuario para crear el Fondo Nacional de Movilidad, cuya misión será la modernización del transporte público del país.

El proyecto declara a todas las EPT como un servicio público, pero no estarán sujetas a la regulación tarifaria de la estatal Autoridad Reguladora de los Servicio Públicos, y además estas compañías deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP).

Para los taxis oficiales, la legislación aprueba que se establezca una tarifa máxima que contemple el primer kilómetro más el recorrido adicional, y los conductores estarán habilitados para negociar un precio menor con el usuario.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que se trata de un proyecto "balanceado" que crea un marco normativo para regular la operación de las empresas como Uber y además moderniza el servicio de taxi.

Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015 y reiteradamente el Gobierno ha dicho que el servicio de transporte remunerado de personas que se brinda por medio de esa plataforma es ilegal y aplica multas a los conductores.

El gremio de los taxistas ha pedido numerosas veces al gobierno "cancelar o bloquear" la operación de la "app" de Uber en el país, pues consideran el servicio como competencia desleal por sus tarifas más bajas y porque no cumplen con regulaciones que el Estado aplica a los taxis.

Según datos de Uber de mediados de 2018, Costa Rica, una nación de 5 millones de habitantes, es el país de América Latina con mayor penetración per cápita de la plataforma, con 22.000 conductores afiliados y 783.000 clientes