Construcción del aeropuerto de Cusco interesa a ocho países

Durante la firma del contrato para el movimiento de tierras, fase previa para poder comenzar la obra, Vizcarra explicó que el proyecto se hará como obra pública después de que el Ejecutivo rompiera el contrato con el consorcio concesionario que inicialmente iba a ejecutar el proyecto como asociación público-privada.

El mandatario detalló que el Ejecutivo peruano ha optado por acometer la obra con un acuerdo de Gobierno a Gobierno con un país extranjero.

"Mucho antes de que terminemos el movimiento de tierras ya vamos a tener al contratista que va a construir el aeropuerto. En el mes de febrero, tienen que presentar la propuesta, y lo estamos haciendo a través de una convocatoria a los Gobiernos más importantes del mundo para asegurar la calidad de este megaproyecto", dijo Vizcarra.

En ese sentido, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, sostuvo en una entrevista publicada este viernes en el diario Gestión cuáles son los países que han manifestado su interés formal en el proyecto: Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Singapur y Turquía.

Construcción del aeropuerto de Cusco interesa a 8 países

El Gobierno peruano prevé que la obra sea adjudicada durante el primer semestre de 2019 para garantizar que el aeropuerto esté construido en el plazo establecido.

El aeropuerto está proyectado que se construya en el municipio de Chinchero, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Cusco, antigua capital del imperio incaico, y requerirá una inversión de unos 600 millones de soles (unos 177 millones de dólares), según Trujillo.

La pista de aterrizaje estará a una altitud de 3.728 metros sobre el nivel del mar y tendrá 4.000 metros de longitud por 45 de ancho, mientras que la terminal, de 40.000 metros cuadrados, tendrá 11 puertas de embarque y 13 mangas.

La primera piedra del aeropuerto fue instalada el 3 de febrero de 2017 bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski y con Vizcarra a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tras firmar una adenda con el anterior concesionario que aumentaba el costo del Estado ante la insolvencia del consorcio para comenzar el proyecto.

Esa modificación en el contrato hacía que el costo del aeropuerto se fijara en 520 millones de dólares, de los que 410 serían cubiertos por el Ejecutivo y 109 por el concesionario, que iba a tener la concesión de operación y mantenimiento de la instalación durante 40 años.

Sin embargo, las obras fueron paralizadas a los pocos días por orden de Vizcarra ante la polémica suscitada con la adenda, por lo que pidió que fuera revisada por la Contraloría (Tribunal de Cuentas). Este caso le costó el cargo a Vizcarra por las presiones del fujimorismo, que buscaba censurarlo en el Congreso, donde tiene mayoría, y actualmente el Fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry, con quien el presidente está enfrentado, quiere abrirle una investigación.

"Que investiguen las veces que quieran y tendremos la seguridad de demostrar que en nuestra actitud siempre ha habido transparencia, honestidad y la búsqueda de la mejor. Nuestra actitud siempre fue objetiva, clara y transparente", reiteró hoy Vizcarra.

El Gobierno y el anterior consorcio concesionario, llamado Kuntur Wasi y formado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding, están pendientes de resolver en un proceso de arbitraje la eventual indemnización por la ruptura del anterior contrato. EFE