Nuevo fallo a favor de Perú por Machu Picchu

El ministro de Cultura de Perú, Luis Jaime Castillo, anunció que la Corte Superior de Justicia de Cusco, región en la que se encuentra Machu Picchu, declaró “infundada” la demanda de la familia Abrill, que afirmaba ser la legítima propietaria de las 13.000 hectáreas donde se emplazan los restos arqueológicos. Las hermanas Roxana y Victoria Abrill reclamaban, además, una indemnización de 100 millones de dólares por el uso de esas tierras para la explotación turística.

Dicha demanda había sido interpuesta en 2003, cuando iniciaron este prolongado litigio que el pasado martes, con el fallo de la Corte cusqueña. En declaraciones a la agencia EFE, Castillo recordó que en Perú “el patrimonio cultural arqueológico es propiedad del Estado, y a veces esa propiedad se disputa”.

“Al final creo que ha primado el derecho inalienable de todos los peruanos de defender aquellos baluartes de nuestro patrimonio cultural como Machu Picchu”, señaló el ministro.

El ministro precisó que, en el caso de la joya arquitectónica de los incas, ha habido durante los últimos cuarenta años diferentes demandas de familias que en su momento tuvieron algún tipo de propiedad o posesión en la zona de Machu Picchu.

En retrospectiva, el funcionario agregó que "antiguamente fueron haciendas de familias que las fueron vendiendo y había muchos títulos superpuestos”, y aseguró: “Ellos reclamaban la propiedad y a veces también una indemnización fabulosa”.

Para el titular de la cartera, estos litigios “siempre han sido una espada de Damocles para el Estado peruano”. “Si lo ganaban ellos, teníamos que devolverles Machu Picchu”, advirtió.

Vale recordar que en abril de este año la Corte Suprema de Justicia ya emitió una sentencia similar en el litigio iniciado en 2005 por la familia Zavaleta, que reclamaba la propiedad de los terrenos que rodean Machu Picchu, un total de 22.000 hectáreas donde se encuentra la red de caminos incas que conducen a la ciudadela. Según explicaron, en 1944, los Abrill y los Zavaleta se repartieron el complejo arqueológico pese a existir una ley que hacía propietario al Estado peruano de los restos arqueológicos. En manos de los primeros quedaron las ruinas y los otros recibieron los terrenos de alrededor, donde está la red de caminos inca. La transferencia tuvo el beneplácito de un notario y ese documento fue el principal argumento de las familias para acudir a los tribunales. Sin embargo, el Estado peruano demostró que los terrenos de los antepasados de los Abrill y Zavaleta fueron expropiados a favor del Estado por la Dirección General de Reforma Agraria en los años 1960 y 1970. EFE