Pluna: solicitan que la Justicia obligue al Estado uruguayo y Leadgate a pagar a acreedores
Publicada 02/05/14
Los representantes de los acreedores de la quebrada aerolínea uruguaya Pluna solicitaron a la jueza que instruye el caso que el tanto el Estado como los empresarios responsables de la empresa Leadgate sean condenados a cubrir los pagos a los acreedores.
La Asociación Uruguaya de Peritos, que representa a los acreedores, pidió que el concurso de Pluna S.A. sea declarado "culpable" y que el Estado y el empresario Matías Campiani y sus socios paguen a los acreedores, informó el diario El País.
De acuerdo a la Asociación, Pluna S.A. operó en los últimos tiempos sin los fondos necesarios para ejercer su actividad y que demoró varios años en declararse en concurso, cuando la fija un plazo de 30 días desde el momento en que se ingresa en situación de insolvencia, indica el diario.
Con estos argumentos, la sindicatura pidió a la jueza Teresita Rodríguez Mascardi que los empresarios argentinos Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde -del consorcio Leadgate que administró Pluna S.A. entre 2007 y su cierre a mediados de 2012 y procesados con prisión por el delito de estafa agravada en diciembre de 2013- sean condenados a cubrir el "déficit patrimonial", es decir, la diferencia entre lo que el concurso pueda cubrir y la deuda con el total de los acreedores.
Álvarez Demalde fue liberado esta semana tras cumplir más de cuatro meses de prisión preventiva.
La sindicatura, ejercida por la Asociación de Peritos, pidió a la Justicia que también el Estado y Pluna Ente Autónomo sean condenados a cubrir el "déficit patrimonial" debido a la "culpa grave" de los representantes estatales en la Comisión Fiscal de Pluna hasta junio de 2012, de acuerdo al diario.
En 2007, al comienzo de la gestión de Leadgate, el pasivo de Pluna era de US$ 50 millones y actualmente ronda los US$ 400 millones, de los que la mayoría corresponden al banco canadiense Scotiabank que financió en 2008 la compra de siete aviones Bombardier, y a Ancap por las deudas por concepto de combustible.
Por otra parte, la sindicatura pidió a la jueza Rodríguez Mascardi la aplicación de la máxima sanción contra Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde, solicitando que sean inhabilitados por 20 años, de acuerdo a la ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial.
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