Argentina quiere que el transporte turístico sea “política de Estado”

Tal como lo había relatado HOSTELTUR, el 25 de septiembre pasado se celebró en la provincia argentina de San Juan la última charla de la Mesa Nacional de Transporte Turístico Terrestre en el interior del país, poniendo cierre a un histórico proceso de actualización normativa.

(Ver: Las agencias argentinas cerraron un histórico proceso sobre transporte)

Luego de un año de trabajo, las nueva reglamentaciones fueron presentadas oficialmente durante la FIT de 2018, y durante todo 2019 fueron llevadas a cada región de la Argentina para ser explicadas a los agentes de viajes y transportistas de todo el territorio, y también para escuchar sus problemáticas, lo que permitió realizar todavía mayores actualizaciones. Todo ese trabajo, considerado por los propios integrantes de esa mesa como “la primera etapa”, llegó a su fin en la previa de la FIT 2019, que culminó el 8 de octubre pasado.

Agustín Beveraggi, Lucas Sánchez, Claudia Torres y Guillermo Cozzi

Pero el sector, más allá de este logro, no está tranquilo. El 27 de octubre próximo el país realizará sus elecciones generales presidenciales y, al momento, todo parece indicar que habrá un cambio de Gobierno. Dado que la Argentina es un país de comportamiento pendular en materia de gestión, la industria teme que la nueva administración eche por tierra con todos estos avances. Por eso, están advirtiendo del impacto que podría tener dar marcha atrás con esas normativas pero, sobre todo, con el trabajo sinérgico que se generó entre la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Servicios (FAEVYT), el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Turismo.

Justamente, en el marco de la FIT 2019, los miembros de la mesa por parte de Transporte se unieron para manifestar la importancia de darle continuidad a este espacio de interacción público-privada, más allá de quién lleve adelante la gestión gubernamental.

Claudia Torres, secretaria de Regulación Normativa de Transporte; Guillermo Cozzi, gerente de Control de Permisos del Transporte Automotor; y Lucas Sánchez, director nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, se sumaron a la FAEVYT (representada allí por su asesor legal, Agustín Beveraggi) para llamar la atención del sector y exhortarlo a que exija la institucionalización de estos encuentros federales y multisectoriales. Por ejemplo, señalaron que en solo dos años de trabajo se lograron emitir más normas que en los últimos 25 años, con el fin de avanzar hacia una “armonización normativa”.

Pero, si ese trabajo ya está desarrollado, ¿para qué continuar con la Mesa Nacional de Transporte Turístico Terrestre? Según explicaron, ahora el sector debe avanzar en una segunda etapa de profundización y de consolidación en el plano territorial. Aunque la normativa nacional fue homogeneizada, aún resta la adhesión de las provincias y municipios (que son autárquicos) a estos reglamentos.

De hecho, el primer paso se dio en esa FIT, cuando la provincia de Salta firmó la validación de los certificados de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Esto significa que si un transportista de Jujuy desea llevar pasajeros a Salta, alcanza con que tenga la verificación nacional; pero si quiere brindar tours internos dentro del territorio salteño, entonces sí deberá tener los papeles provinciales e incluso municipales. Esto facilita el turismo interprovincial, movimiento que es jurisdicción de la Nación.

La Mesa Nacional de Transporte Turístico Terrestre, en San Juan

Otro de los argumentos esgrimidos es el de la permanente actualización de las normas y también de las infraestructuras, que surge de la interacción con las empresas, que son las que más rápido detectan las inconsistencias en el sistema. Para graficarlo, nada mejor que el caso de la provincia de Misiones, cuyo polo turístico central está en Puerto Iguazú, pero sus centros de verificación están en Posadas, la capital.

Finalmente, y como se esperaba, el tema de la formalización sectorial apareció sobre la mesa. Una de las normas de mayor impacto fue la apertura del registro de empresas transportistas, que estaba cerrado desde hacía muchísimos años. Desde que se implementó, creció un 77% la cantidad de compañías, lo que da cuenta de que un gran número de transportistas que estaban operando en la informalidad ahora pueden hacerlo legalmente (se registraron más empresas que vehículos).

“Esto también plantea un enorme desafío para todos nosotros”, aseguraron, y resaltaron la importancia de haber avanzado paralelamente en la digitalización de todo el proceso.