No habría acciones contra el Gobierno por el uso de los fondos de promoción

El 29 de octubre, HOSTELTUR publicó una crónica de cómo y por qué el presidente argentino Mauricio Macri, con el aval de su Gabinete, realizó una maniobra contable que generó un verdadero escándalo en el sector turístico, por el fondo, por la forma y por cómo se comunicó todo antes y después.

(Ver: Antes de despedirse, Macri le saca US$ 67 millones al turismo argentino)

En resumen, el Gobierno publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que explica que no tiene dinero suficiente para cumplir con una gran cantidad de obligaciones del Estado, principalmente con los aumentos de salarios de las fuerzas de seguridad, con el pago de planes sociales y con los servicios de la deuda externa. Para cubrir eso, creando un "fondo anticíclico", ordenaba que varias entidades estatales le dieran a préstamo “gratuito” (a través de un pagaré, cuantiosas sumas de dinero, para ser ejecutado el 13 de diciembre, en decir, tres días después del cambio de Gobierno, y con fecha de devolución el 12 de marzo de 2020).

Gustavo Santos minimizó el impacto de la medida tomada por Mauricio Macri

Entre esos organismos afectados está el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), ente autárquico, pero satélite de la Secretaría de Turismo, dependiente directamente de Presidencia, al que le tocó aportar nada menos que AR$ 4.000 millones (US$ 67 millones).

Pero más allá de que el dinero sea devuelto o no, el conflicto explotó porque esos fondos son público-privados y, además, por Ley Nacional de Turismo son intangibles y no pueden ser utilizados para ningún otro fin que no sea el de la promoción. Así lo admitió también el secretario de Turismo, Gustavo Santos, en un mensaje de respuesta al presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías. Algo que debía ser una decisión política se convirtió de repente en un asunto jurídico.

Tal como contó este medio, apenas se publicó el decreto en el Boletín Oficial (momento en el que la CAT, socio del Inprotur por parte del sector privado, tomó conocimiento de la medida), la cámara planteó el tema ante un equipo de especialistas (abogados y contadores) para conocer la legalidad del DNU.

Mientras los expertos analizaban la letra chica, los miembros del Directorio del Inprotur se iban enterando de la noticia por las consultas de los medios. “¿Vos decís que es un decreto que salió ahora? ¿Me lo podrías mandar?”, respondían. Enfurecidos, varios de ellos empezaron a cruzar llamadas y los grupos de Whatsapp explotaban de mensajes. Cuentan que uno de ellos llamó muy enojado al Inprotur y discutió en no muy buenos términos con la directora de Promoción del organismo, Florencia Grossi. Santos estaba en Brasil, en el Foro de ALTA, pero seguía el tema y aseguran que respondía con tranquilidad tratando de bajar el tono de la discusión, minimizando el asunto.

¿Por qué Santos y los funcionarios del Inprotur entienden que “no es para tanto”? Desde su punto de vista, se trata de “una maniobra contable de lo más habitual” y aseguran que eso mismo ya pasó varias veces, incluso durante la gestión anterior, con Cristina Fernández de Kirchner en la Presidencia y Enrique Meyer en el Ministerio de Turismo. Además, detallan que al terminar la gestión de Meyer el Inprotur tenía un fondo intangible de AR$200 millones, mientras que el actual, aunque esté en medio de este engorroso manejo, es de AR$ 4.000 millones. Esto último suena convincente, aunque sea por volumen.

Santos y el Inprotur aseguran que se trata de "una maniobra contable de lo más habitual"

Todo este asunto abre una disyuntiva de fondo que trasciende las fronteras: ¿debe un organismo del Estado dar ganancias? Ese dinero obtenido y acumulado, ¿no debía haberse usado durante todos estos años para hacer más y mejor promoción en exterior, aprovechando las enormes ventajas cambiarias que Argentina estaba dando y que le permitirán llegar a los 7,5 millones de visitantes internacionales este año?

Ocurre que cuando dicen “fondo intangible”, la Secretaría de Turismo (Sectur) y la CAT lo entienden en los términos literales y también en los humorísticos. En el primer sentido, porque efectivamente la ley impide tocarlos, salvo que el presupuesto para acciones que se trace en conjunto los solicite bajo estrictas normas de ejecución y se soliciten recursos acordes, que luego deben ser rendidos; en el segundo, porque se han cansado de pedirlos y el Gobierno nacional no se los ha dado.

Por esa razón, el argumento de Santos y su equipo puede resumirse vulgarmente del siguiente modo: “Si esa plata igual no te la iban a dar, qué te molesta que la usemos para pagar lo que sea, si total te la vamos a devolver porque la ley lo exige. Bueno, no nosotros, porque ya nos vamos, pero sí el que venga después...”.

En ese contexto, la Comisión de Turismo del Frente de Todos, partido con el que se impuso en las presidenciales del domingo pasado Alberto Fernández y de donde debería salir el próximo refrente público para el Turismo, emitió un nuevo comunicado y rechazó la medida, esta vez desde el punto de vista técnico. Justamente, el eje de las críticas pasa por esa “subejecución” y por haber recortado acciones en lugar de ampliarlas con idoneidad.

Del enojo a la política

En medio de los llamados, los insultos, los reclamos, las notas periodísticas, el miércoles 30 se reunió en Buenos Aires el Consejo Directivo de la CAT para evaluar el tema. Y la postura es que no hay postura, al menos todavía, hasta que los especialistas entreguen un informe. Casi podría entenderse que la CAT comprendió las explicaciones de la Sectur y, aunque no comparta los medios, hasta quizá los convalide no tomando ninguna acción.

La CAT tuvo el miércoles su reunión de Consejo Directivo, pero no realizará acciones por ahora

Pero el tema, en apariencia, ahora ha dejado de ser jurídico para volver a ser político. ¿Conviene, aunque se tenga razón, ir a fondo en un conflicto contra un socio y más cuando ese socio es el Gobierno? ¿Es una buena decisión, por ejemplo, iniciar acciones legales contra un Gobierno que de todos modos se va en 40 días, teniendo que seguir la disputa con el nuevo interlocutor que nada tiene que ver en el asunto?

La preocupación hoy pasa por las acciones correspondientes al primer trimestre del año. Aunque el Inprotur asegura que la participación de Argentina en Fitur y Anato está asegurada, existen serias dudas sobre los fondos para la ITB de Berlín. “Lo vamos a saber en estos días”, explicaron, pero confiaron en que aparecerán, aunque sea para no darles la razón a los exaltados.

Con todo este escenario, parece obvio que se deba convocar a una reunión extraordinaria del Directorio del Inprotur, donde deberían sacarse las dudas y también chispas. Pero no. La próxima será a fines de noviembre, y esperan que toda esta disputa se solucione antes por vías más amables.