“Grave situación” enfrentan las inmobiliarias turísticas de Uruguay

En los destinos turísticos de la costa uruguaya, más del 90% del alojamiento lo constituyen las casas y apartamentos particulares que se ofrecen en alquiler. Tradicionalmente los alquileres se han manejado por parte de inmobiliarias establecidas y en forma directa por los propietarios, además de algunos intermediarios irregulares que siempre fueron denunciados por el sector formal.

Los cambios fiscales introducidos por el gobierno del Frente Amplio gravaron a los alquileres de temporada con un impuesto a la renta equivalente al 12% del monto del alquiler, lo que tuvo un importante impacto en las transacciones inmobiliarias.

En un comunicado posterior a la reunión mantenida por las gremiales inmobiliarias de Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia se expresa que “hace algunos años, denunciábamos que obligar a las inmobiliarias a ser agente de retención del Impuesto a la Renta, provocaría incrementar el comercio informal. Hoy es un hecho. De cada 100 alquileres realizados solo 18, se realizan en negocios formales, y se pagan los impuestos. Para colmo de males, el gremio inmobiliario, aparece salpicado por noticias de agentes que han estafado a un importante número de turistas”.

Como informa FM Gente, los directivos de las gremiales del sector inmobiliario de Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia lanzaron un alerta por la grave situación que están atravesando.

En el comunicado de ADIPE CIDEM (Inmobiliarias de Punta del Este y Maldonado), ADICCA (Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones), CIR (Cámara Inmobiliaria de Rocha) y CIC (Cámara Inmobiliaria de Colonia) se indica que “hay más propiedades construidas, hay mayor cantidad de turistas ingresando al país, pero paradójicamente, las inmobiliarias hacen menos operaciones”.

El año anterior (2015), relevan los inmobiliarios, “aproximadamente medio centenar cerraron sus puertas, dejando sin trabajo a muchos empleados, porque contrariamente a lo que muchos creen, la mayor parte de las inmobiliarias no son multinacionales que se llevan el dinero al exterior, sino que son pequeños negocios familiares, que se suceden de generación en generación”.

Para el año 2016, advierten, las cifras pueden ser “aún más alarmantes”.

“Estamos sumergidos en medio de un lodazal, sin que aparezca la tabla salvadora que impida que nos terminemos de hundir”, expresaron los representantes de las gremiales.

Uno de sus principales reclamos al gobierno lleva casi 50 años: “hace casi medio siglo, que pedimos la promulgación de la Ley del Operador Inmobiliario, (somos el único país de Latinoamérica, que no cuenta con una ley), para brindar mayor protección a los clientes, sin obtener respuesta a nuestras solicitudes”.

Las consecuencias, afirman los empresarios, están a la vista: ya que “el Estado pierde dinero (recauda menos); los agentes inmobiliarios cierran sus puertas; los inquilinos e inversores se encuentran desprotegidos al no contar con un servicio profesional adecuado, que los asesore, y con toda seguridad, quedarán muchos trabajadores en la calle”.