Argentina: hay elementos para judicializar fondos de promoción turística

Tal como lo había anticipado HOSTELTUR el 31 de octubre pasado, ni el sector privado argentino, ni la oposición electa para gobernar el país a partir del 10 de diciembre iniciarán acciones contra la actual gestión por la manipulación de los los fondos “intangibles” del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

El Inprotur, unido en China

(Ver: No habría acciones contra el Gobierno por el uso de los fondos de promoción)

Vale recordar que el 29 de octubre, este medio publicó una crónica de cómo y por qué el presidente argentino Mauricio Macri, con el aval de su Gabinete, realizó una maniobra contable que generó un verdadero escándalo en el sector turístico, por el fondo, por la forma y por cómo se comunicó todo antes y después.

(Ver: Antes de despedirse, Macri le saca US$ 67 millones al turismo argentino)

En resumen, el Gobierno había publicado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que explica que no tiene dinero suficiente para cumplir con una gran cantidad de obligaciones del Estado, principalmente con los aumentos de salarios de las fuerzas de seguridad, con el pago de planes sociales y con los servicios de la deuda externa. Para cubrir eso, creando un "fondo anticíclico", ordenaba que varias entidades estatales le dieran a préstamo “gratuito” de AR$ 4.000 millones (US$ 67 millones), a través de un pagaré que se ejecutará recién el 13 de diciembre, en decir, tres días después del cambio de Gobierno, y con fecha de devolución el 12 de marzo de 2020.

Mauricio Macri y Gustavo Santos

La gran novedad es que el equipo de expertos consultados por la Cámara Argentina de Turismo (CAT), socia por ley del Inprotur en el manejo de esos fondos mixtos, definió que sí existen elementos para judicializar el conflicto.

Efectivamente, durante la reunión de Comité Ejecutivo de la CAT que se realizó el pasado miércoles, se explicó que los especialistas entienden que “es viable” realizar algún tipo de presentación para frenar esa toma “temporal” de los recursos del organismo, sobre los que la Ley Nacional de Turismo es tajante: “No pueden ser utilizados para otro fin que no sea la promoción turística de la Argentina”.

Lo jurídico y lo político

Pero el asunto no es tan simple. Lo primero que explicaron los abogados y contadores es que la medida no se ejecuta hasta el 13 de diciembre, fecha en la que se emitiría el pagaré. Por lo tanto, hasta ese momento no se está perfeccionando la irregularidad, en el caso de que existiera.

Asimismo, los expertos señalaron que al Inprotur solamente le sacarán AR$ 4.000 millones, sobre los AR$ 65.000 que se recaudan con el decreto para conformar un “fondo anticíclico”. Por eso, se preguntan, ¿por qué ninguno de los otros organismos dijo o hizo nada al respecto?

El Consejo Directivo de la CAT

En apariencia, la respuesta es sencilla: los fondos del Inprotur son mixtos e “intangibles” por ley, y los demás no. “¿Vos estás seguro de que eso es así?”, retrucaron en la cámara. Y esa es precisamente la tarea a la que se dedicarán los abogados, es decir, a leer todas las leyes y reglamentos de todos los organismos a los que les solicitan los fondos a modo de “préstamo gratuito”. Y afirman que no será una tarea sencilla.

De igual modo, las cuestiones jurídicas se entrelazan con lo político. Otra de las cuestiones señaladas por los especialistas es que, dado que el pagaré se emitiría el 13 de diciembre, ya con un nuevo Gobierno, podría ocurrir que la nueva administración asuma el 10 de ese mes y anule el decreto. Por lo tanto, cualquier acción que se inicie quedará en el aire, representando una pérdida de energía y recursos.

Aún con este complejo escenario, en la CAT insisten en que toda esta polémica le dio una visibilidad inédita a la existencia de esos fondos, que aunque son conocidos por los dirigentes de la mesa chica del Inprotur y la cámara, no lo son en la opinión pública. Ahora, a partir de esta medida, “todo el sector sabe que hay US$ 67 millones disponibles exclusivamente para promoción, y que si el Gobierno de turno otorga poco dinero para ese fin, se debe absolutamente a una decisión política y no económica”.