Las agencias argentinas piden una alícuota diferenciada del “dólar turista”
La federación trabaja con el Gobierno para conseguir que el impuesto de las agencias argentinas no sea del 30%
Publicada 20/12/19- Las agencias argentinas dan por descontado que el Congreso apruebe el "dólar turista", pero buscan lograr una alícuota diferenciada
- Faevyt confirmó que trabaja junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para beneficiar a las agencias en la reglamentación
- Aseguran que sólo el 25% de los consumos en el exterior corresponden a viajes; el 70% es por gastos como Netflix, Spotify o Amazon
La Cámara de Diputados de Argentina le dio media sanción al proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva impulsada por el nuevo Gobierno, que incluye la implementación de un impuesto del 30% a los consumos con tarjetas de crédito en el exterior, conocido como “dólar turista”. En ese marco, las agencias de viajes piden tener una alícuota diferenciada y ya trabajan para que sea incluida al momento de la reglamentación de la norma.
Este viernes 20 de diciembre por la mañana, y luego de 19 horas de debate, la Cámara de Diputados de la Argentina aprobó y le dio media sanción al proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que impulsa el presidente Alberto Fernández, para intentar salir de la emergencia económica en la que se encuentra el país.
Tal como ya lo fue narrando HOSTELTUR a lo largo de toda la semana, el paquete de medidas incluye la aplicación de un impuesto del 30% a la compra de divisas para ahorro y también a los consumos con tarjetas de crédito en el exterior, lo cual impacta en el sector turístico, no sólo por los gastos que los argentinos realicen en sus destinos internacionales, sino también porque la venta de pasajes y paquetes incluye el pago a los proveedores del exterior en dólares (en la mayoría de los casos). Por eso, popularmente se conoce a esta tasa como “dólar turista”.
(Ver: El Gobierno argentino anunció la implementación de un “dólar turista”)
Aunque el sector turístico en pleno se ha manifestado contra la iniciativa, el Congreso ha dado un primer paso rumbo a su implementación, y ahora resta el voto del Senado, que ya se descuenta sea a favor de la medida.
En ese contexto, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) brindó una conferencia de prensa pocas horas después de la votación para reiterar su advertencia acerca del impacto negativo que ese impuesto podría generar en la industria, pero también en la economía nacional.
La mesa fue encabezada por el presidente de la entidad, Gustavo Hani, quien estuvo acompañado por parte de su Comisión Directiva y el economista y asesor Pablo Singerman, director del Observatorio Económico de las Agencias de Viajes de Faevyt (Oeatur). Juntos insistieron en que en el país hay más de 5.600 agencias y que casi todas ellas son pymes dan empleo a 25.000 profesionales. Por lo tanto, advirtieron que un impuesto al emisivo, principal sustento económico incluso de las empresas que hacen receptivo, podría afectar a una gran cantidad de puestos de trabajo.
Hani sugirió allí que el sector ya da por descontada la aprobación de la norma también en el Senado, y por eso contó que están trabajando con el nuevo ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, en que se incluya una alícuota diferenciada para las agencias, cuando llegue el momento de la reglamentación.
¿Por qué las agencias piden este tratamiento especial? El Banco Central argentino incluye en la llamada Cuenta Turismo también a los consumos que se realizan en el exterior, pero sin salir del país: por ejemplo, Netflix, Spotify, Amazon, los juegos en línea o incluso apuestas. Los datos del Oeatur, basados en los de la entidad financiera oficial, indican que el 70% de los gastos corresponde a este último concepto y no a los viajes en sí, que representan apenas el 25%, con la salvedad de que, además, generan trabajo y pagan impuestos en el país.
Según pudo saber HOSTELTUR, la Faevyt llegó a evaluar la posibilidad de interponer algún tipo de recurso judicial en caso de que la norma finalmente se impusiera, pero aseguraron que por el momento esa posibilidad está descartada, y se intentará hasta última instancia convencer a las autoridades por la vía política.
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