Ocho nuevos indagados por caso Pluna en Uruguay
Hernán Calvo Sánchez, Paul Elberse, el dueño de Aerovip y cinco abogados
Publicada 05/06/14El hombre que ofertó US$ 137 millones en el remate de los aviones de Pluna, el bróker que recomendó al gobierno conceder la gestión de la aerolínea al consorcio Ledgate, y otras seis personas declararán ante la jueza de Crimen Organizado que instruye el caso Pluna.
Hernán Antonio Calvo Sánchez, quien se presentó como representante de la empresa española Cosmo para adquirir en subasta los siete aviones Bombardier de Pluna en octubre de 2012, fue citado como indagado por la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez.
También el broker Paul Elberse, asesor del gobierno uruguayo que en 2007 aconsejó eleigir al consorcio Leadgate, del empresario argentino Matías Campiani, como socio principal del Estado en Pluna, fue citado al juzgado de Crimen Organizado.
De los Santos y Gómez enviaron a prisión en diciembre de 2013 a Campiani y sus dos socios, mientras que el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República, Fernando Calloia, fueron procesados sin prisión por abuso de funciones y debieron abandonar sus cargos al comprobarse irregularidades en la gestión del aval solicitado por Cosmo, por un monto de US$ 13,6 millones, que le permitiera presentarse a la subasta.
Calvo Sánchez, quien se presentó a la Justicia como testigo en abril de 2013, “debe volver a comparecer, pero esta vez en calidad de indagado para aclarar las características de su participación en el remate y su vínculo con el empresario Juan Carlos López Mena, dueño de la naviera Buquebus y la aerolínea BQB, quien supuestamente contactó al gobierno con Cosmo”, indica el diario El País.
Denuncias del dueño de Cosmo
El dueño de la empresa Cosmo, una casi desconocida chartera española que contaba con dos aviones al momento del remate, reconoció en los últimos días que aceptó ser parte de una maniobra convenida entre el gobierno uruguayo y López Mena para que adquirir los aviones, y que recibió una comisión de US$ 500.000 por prestar el nombre de su firma.
Antonio Álvarez Hernández, propietario de la quebrada Cosmo, aseguró que fue amenazado de muerte por participar en la venta frustrada de los aviones y tambien fue citado a declarar ante la jueza especializada en Crimen Organizado, informaron al diario El Observador fuentes judiciales.
El empresario dijo que tras la maniobra fallida “perdió todo” y manifestó en un e-mail enviado al fiscal Gómez, y reproducido por el semanario Búsqueda, que su empresa se encuentra “en un 85% o 90%” en quiebra. Denunció que la empresa Buquebus y el gobierno uruguayo actuaron en “connivencia” para armar una puesta en escena con el remate de los aviones de la exaerolínea de bandera uruguaya. Según Álvarez, “el plan de Cosmo era comprar los aviones para que Buquebus se los comprara más baratos, pero “el negocio salió mal” y nunca cobró los US$ 13 millones que le prometieron.
El presidente de la empresa Aerovip y cinco abogados, entre ellos Cecilia de Marco, la presidenta de Eastern Jets Limited, una empresa que creó Pluna SA en Inglaterra para arrendar los aviones a Aerovip, son los restantes indagados, informó El Observador.
“La lista de los nuevos indagados se completa con quien fuera el ejecutivo de cuentas de Pluna, y otros tres abogados que figuraban como representantes de los accionistas”, de acuerdo al diario.
Remate de local en Punta del Este
Un comprador particular adquiró en un remate público la casa que albergó las oficinas de Pluna en Punta del Este. Pagó US$ 307.000.
En la casa de remates Bavastro, unas 50 personas asistieron a la subasta, en el que hubo puja entre varios interesados. El local, ubicado en la parada 9 de la avenida Roosevelt, funcionaba en una casa de veraneo reformada para instalar oficinas, pero cuenta con jardín, parrillero, garage y piscina.
En un terreno de más de 1.000 metros cuadrados, la residencia ocupa 363 metros cuadrados.
Los fondos obtenidos en el remate se semarán a los activos del concurso judicial de Pluna S.A., que enfrenta reclamos por al menos US$ 170 millones.
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